La situación de prórroga presupuestaria en la que estará inmersa el Ayuntamiento de Gijón el próximo año constituye, para Ciudadanos, "una oportunidad para poder llevar a cabo una reforma en profundidad de la gestión de subvenciones que se realiza en el Ayuntamiento, reduciendo significativamente el número de subvenciones nominativas y optando por procedimientos de concurrencia competitiva a través de convocatorias públicas", según le transmitieron ayer a la concejala de Hacienda, Marina Pineda.

Así, el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ha explicado que "las subvenciones nominativas se conceden completamente 'a dedo' o, cuando menos, con gran arbitrariedad tanto en sus importes como en sus beneficiarios", y no bajo parámetros "públicos, objetivos y transparentes" como se hace en las convocatorias públicas bajo la figura de la concurrencia competitiva. Procedimiento que, además, la Ley General de Subvenciones establece que debería ser el ordinario, remarca.

“Sin embargo, en el caso de nuestro Ayuntamiento se estaba abusando de las subvenciones nominativas, tal y como puso de manifiesto la Sindicatura de cuentas en dos informes de los años 2015 y 2018, sobre cuyas recomendaciones se hizo caso omiso”, explicó Pérez Carcedo.

A su juicio, el hecho de que la mayoría de los convenios no se puedan prorrogar y la imposibilidad de adaptar el contenido de estos convenios una vez suscritos a la situación impuesta por la pandemia "demuestran cómo su existencia no aporta ninguna ventaja ni para el Ayuntamiento ni para las propias entidades", mientras las convocatorias públicas se prorrogan y además sus bases se pueden cambiar de forma ágil para ir adaptándolas a las circunstancias y objetivos que se persigan en cada momento.

Por eso, considera que es un buen momento para "revistar todos y cada uno de los convenios que no se han podido prorrogar" y cuyos importes suman más de 2.500.000 de euros, y establecer cuáles se adecuan a los casos excepcionales recogidos en la legislación y que se limitan a que no se pueda recurrir a una convocatoria pública o a que haya razones de interés social que los justifiquen, “requisitos que muchos de los convenios municipales no cumplen, por lo sus subvenciones deberían ser objeto de convocatoria pública”, enfatiza Pérez Carcedo.

“Se tratar de mejorar y hacer más transparente la concesión de subvenciones, concederlas bajo parámetros objetivos, erradicando cualquier atisbo de clientelismo político”, concluyó.