“No lleven a un inocente a la cárcel. No comentan otro error como el de Rocío Wanninkhof”. La frase, pronunciada por el abogado gijonés Sergio Herrero en un juicio con jurado popular en el que se procesaba al presunto asesino de la cervecería Carvi de Gijón, marcó un antes y un después en el procedimiento judicial en el que se trataba de dictaminar si el único acusado en ese caso había acabado con la vida del hostelero del barrio de La Arena que apareció muerto a puñaladas en marzo de 2010 en el establecimiento de su propiedad. El letrado sabía que tenía que echar el resto. Era consciente de que, por regla general, los jurados prefieren un inocente entre rejas antes que un culpable en la calle. Pero no lo logró. El jurado condenó al reo aunque no por mucho tiempo. Poco después el Tribunal Superior de Justicia tiraba atrás la condena dejando abierta la incógnita que sigue en pie desde 2010. ¿Quién mató a Juan Carlos Roces?
La noticia saltó el 4 de marzo del año 2010. “Aparece apuñalado un hostelero de 45 años en el bar que regentaba en el barrio de La Arena”, titulaba LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. La última persona que había visto con vida al propietario del local había sido el mismo camarero que horas después lo encontró tirado en el suelo del bar como víctima de una muerte violenta. Se habían despedido en torno a las siete de la mañana, cuando el local echaba el cierre como cualquier otro día. Doce horas después el encuentro entre ambos fue bien distinto. Por los signos que presentaba el cadáver, la muerte podría haberse producido tan sólo unas horas antes del fatal encuentro de la tarde.
Ante el dantesco escenario, el camarero fue quien efectuó la primera llamada a los servicios de emergencia del 112 Asturias, que activaron el protocolo pertinente, personándose de inmediato en el lugar los servicios sanitarios y policiales. Los efectivos médicos únicamente pudieron certificar la muerte y hallaron signos de violencia en el cadáver. Apenas había transcurrido media hora desde que el camarero accedió al local pero en la calle y en los establecimientos más próximos de la calle ya se había formado un gran revuelo. ¿Quién habría matado a Juan Carlos Roces?
«¡Han apuñalado a Carlos, han apuñalado a Carlos!», sollozaba a su interlocutor al teléfono una adolescente en el pequeño grupo de allegados y familiares del fallecido que se acercaron al lugar del suceso. El fallecido había sido durante varios años socio del propietario del bar La Cueva, muy próxima al Carvi. El local se situaba en una zona habitual de la movida juvenil, cerca del parque de la Fábrica del Gas, en el barrio de La Arena. Varias generaciones de gijoneses recordaban en el momento del suceso la cervecería Carvi como una de sus paradas habituales de los viernes y sábados y, últimamente, para algunos, incluso domingos.
Poco a poco se fueron conociendo nuevos datos de lo que había sucedido. El dueño del bar, tal y como resaltaba este periódico en su edición del sábado 6 de marzo, había recibido más de 15 puñaladas, dos de ellas mortales. El asesino le había atacado por la espalda y le había rematado en el suelo. Para el arresto del único procesado hubo que esperar hasta junio de ese mismo año.
Meses después llegó el arresto
Un gijonés de 36 años de edad que responde a las iniciales J. A. L. L. fue detenido el martes 22 de junio de ese mismo año en Tenerife como presunto autor del asesinato de Juan Carlos Roces. La Policía había cerrado el círculo en torno al principal acusado del crimen en los días anteriores, tras investigar durante meses entre las personas más cercanas al hostelero fallecido. Los familiares de Juan Carlos Roces se mostraron tras el arresto «nerviosos a la par que felices». Ya podían dormir tranquilos.
Lo que no cambió en ningún momento fue, eso sí, la versión del acusado. A través de una videoconferencia ante el juez el arrestado se desligó desde un primer momento del suceso: «estuve en el Carvi (el local del hostelero) pero yo dejé a Carlos con vida cuando me fui». El presunto homicida fue todavía más contundente cuando le tocó sentarse en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial. Asistió a todo el procedimiento casi sin inmutarse. Pero negando los hechos. «Yo no tenía ninguna razón para hacerle daño a Juan Carlos. Lo vi, bebimos y consumimos la cocaína que había comprado. Luego me fui del bar, sin más». Esas fueron las primeras palabras del agresor ante el tribunal -para el que la fiscalía pedía una pena de 18 años de cárcel-.
"Lo vi, bebimos y consumimos la cocaína que había comprado. Luego me fui del bar, sin más", llegó a reconocer el reo
«Estuve toda la noche en casa de una chica en la calle Manuel Llaneza. A mitad de la noche salí a comprar droga y luego volví y estuve allí hasta las ocho y media de la mañana», relató el imputado. Es precisamente a esa hora cuando las investigaciones policiales le situaban por primera vez en la cervecería Carvi. «Hice llamadas a varias casas de citas, pero no conseguí hablar con ninguna chica, por lo que fui al Carvi para utilizar su teléfono público. Tomé algo y charlé con Juan Carlos, que mandó a uno de los camareros a buscar más cocaína. Como el chico no la consiguió, volví a ir a la casa de mi amiga en la calle Cataluña y luego entré por segunda vez en la cervecería para consumir la droga con Juan Carlos. Me fui a las diez y cuarto de la mañana del bar y allí ya no quedaba nadie. Luego la Policía me preguntó acerca del crimen y mentí diciendo que no había estado allí por miedo a verme implicado en algo de drogas», confesó. El acusado compró los billetes de avión para la isla apenas unas horas después del crimen, aunque no dejó Gijón hasta transcurridos varios días después del asesinato.
La fiscal encargada del caso -que definía al procesado como una persona «violenta, con antecedentes penales por un delito de lesiones, sin trabajo, que va con prostitutas y a la que le gusta mucho la noche»-, aseguraba que el reo le había asestado 19 puñaladas a su víctima. El jurado le declaró culpable y la Audiencia le condenó a 18 años de cárcel.
La condena
La Audiencia Provincial desgranaba a lo largo de las 19 páginas del fallo judicial el razonamiento que había llevado a los jurados a declarar la culpabilidad del reo. Los magistrados citaban, en primer lugar, las «continuas contradicciones en las declaraciones del acusado con respecto a lo que hizo y dónde estuvo en la mañana de los hechos». Los jueces tenían en cuenta, además, «el especial interés del acusado en que todas las personas de su entorno guarden un hermetismo absoluto sobre lo que hizo la noche anterior» y argumentaban que «los silencios son una forma de mentira porque algo tienen que ocultar».
Otros indicios como la declaración de la propia madre del acusado -que desmontó la coartada de su hijo de que estaba en casa en el momento del apuñalamiento-, la entrega a la Policía de una ropa distinta a la que llevaba el día de los hechos, que el imputado se negara a contestar a las preguntas del fiscal y las acusaciones particulares, y su carácter «violento y muy explosivo, sobre todo cuando no tiene dinero y está bajo los efectos de la cocaína», llevaron al tribunal a dictaminar la culpabilidad de José Antonio López Llorca. El abogado de la defensa, Sergio Herrero, anunciaba ya la intención de recurrir el fallo del jurado por ser «poco motivado».
La revisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
La condena fue rebatida después por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El presidente de la sala civil y penal del este organismo tumbaba, a lo largo de las 14 páginas de la sentencia en la que se respondía al recurso de la defensa, los diferentes «indicios» que habían llevado al jurado a condenar a López Llorca haciendo hincapié en que el principal interrogante a resolver durante el procedimiento era el de si el acusado había visitado la cervecería en la que tuvo lugar el crimen -el Carvi-, cuando se produjo la muerte de su propietario. En este sentido la afirmación de que los silencios del acusado y sus contradicciones llevaban a deducir su culpabilidad no es factible, según el Tribunal Superior de Justicia. «Además de que el acusado goza del derecho de guardar silencio, la futilidad del relato alternativo del acusado no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo», recalcan los magistrados recordando además como en el ordenamiento jurídico español corresponde a la acusación probar la culpabilidad de un reo y no es el propio ciudadano imputado el que tiene que dar testimonio de su inocencia.
La pasada semana el gijonés, representado luego por la abogada Ana Gloria Rodríguez, logró por fin que le indemnizara por los casi tres años que pasó en prisión acusado injustamente de este asesinato que conmocionó a toda la ciudad y que a día de hoy sigue sin resolverse. La Audiencia Nacional reconoce ahora los daños morales sufridos durante todo el proceso y le concede 9.000 euros. “Es una cantidad mínima, casi ridícula, pero al menos reconocen que merece una indemnización por todo lo que pasó”, señala Ana Gloria Rodríguez, abogada del hombre.
