La Fiscalía de Área de Gijón solicita 14 años de prisión, alejamiento y libertad vigilada, con obligación de someterse a programas de educación sexual, para un procesado por agredir sexualmente a su pareja, amenazándola con una escopeta en la cabeza para obligarla a mantener relaciones sexuales con él.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado mantuvo una relación sentimental con convivencia con la mujer y, a principios del mes de octubre de 2017, el procesado, tras haber estado consumiendo bebidas alcohólicas, llegó de madrugada al domicilio donde residía con la mujer en Gijón y, dirigiéndose hacia ella, le dijo: “Necesito que me desahogues”, en referencia a que quería mantener relaciones sexuales con ella. La mujer se negó, pues el hombre presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Entonces, el procesado cogió una escopeta de caza que guardaba en el armario de la habitación, se la puso cerca de la cabeza a la mujer y le dijo: “Ahora vas a hacerlo conmigo porque yo quiero”. Ante el temor que le generó, la víctima accedió.
El arma estaba inutilizada y el procesado podía tenerla libremente en su casa. El procesado, pese a encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, podía comprender la ilicitud de los hechos que estaba cometiendo, explica la Fiscalía. La mujer renunció a cuantas acciones civiles pudieran corresponderle, pero por auto de 27 de octubre del año 2017 del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 1 de Gijón se acordó la orden de protección solicitada por ella, por la que se prohibió al procesado aproximarse a menos de 200 metros a la mujer.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual en el que concurren las circunstancias agravantes de parentesco y reincidencia y la circunstancia atenuante muy cualificada de intoxicación alcohólica.
Por todo ello, solicita que se condene al procesado a 14 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la mujer, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella, y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 15 años. Además, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga al procesado la medida de libertad vigilada durante 10 años, durante los cuales deberá comunicar inmediatamente cada cambio de lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo, así como participar en programas formativos de educación sexual.
