Una familia con tres hijos pequeños tendrá que abandonar previsiblemente su casa el próximo día 8 de febrero tras prosperar la demanda de desahucio del propietario de la vivienda motivada por el impago del alquiler. El matrimonio de José Montoya y Joana Jiménez, asentados desde hace años en el barrio de La Calzada, pelean ahora por conseguir un piso de emergencia y están siendo asesorados por la Asociación Gitana de Gijón. Entre tanto, buscan a algún casero dispuesto a cederles una vivienda a muy bajo precio. “No se puede dejar en la calle a una familia en mitad de una pandemia en invierno. No hay derecho. Son gente decente”, lamenta la presidenta del grupo, Adela Gabarri. La familia Montoya ilustra un drama social en auge y magnificado por la crisis del coronavirus: la pérdida de ingresos de los gijoneses que vivían de la llamada economía sumergida, subsistiendo a base de pequeñas labores diarias y cobradas al contado, por la imposibilidad de encontrar un trabajo regulado.
Con el confinamiento, José Montoya no pudo aspirar a ninguna ayuda más que su salario social –que destinaba a pagar el alquiler– por no tener “papeles” que dictaminasen el origen de su trabajo. “Nos enceraron y tuve que elegir: o pagaba el alquiler o daba de comer a mis hijos”. “Hasta ahora con el salario social pagaba la casa y luego aguantaba hasta el siguiente mes haciendo lo que podía, como portes y mudanzas, o ayudando en lo que podía, con chatarra y cartones. Con eso tiraba hasta que volvía a cobrar”, recuerda Montoya. Luego vino la crisis por coronavirus y un confinamiento que eliminó de raíz cualquier fuente externa de ingresos para la familia. “No se podía salir y no entraba nada de dinero en casa. Solo tenía el salario social. Tuve que dejar de pagar el alquiler para pagar la comida. Ahora acumulé ya demasiada deuda y no tengo forma de ponerme al día”, relata.
El propietario de la vivienda ya ha demandado a la familia y el desahucio ya está autorizado para el citado día 8 de enero. Con la ayuda de Gabarri, que es la que está asesorando a la familia para tramitar todos los documentos necesarios, Montoya intentará ahora encontrar una vivienda de emergencia en la que poder vivir hasta que encuentren otra cosa. No está claro que eso vaya a suceder.
“Nos encerraron y tuve que elegir: o pagaba el alquiler o daba de comer a mis hijos”
Por eso, mientras tanto, la familia informa también de que, en caso de que algún propietario privado o algún colectivo tenga una vivienda disponible para el matrimonio y los tres niños, éstos podían costearse ahora un alquiler de unos 150 euros. Como mucho, 200. “Es el único margen que tendríamos para poder pagar comida y cosas básicas”, reconoce el padre, que ha redactado también una carta en posesión de Gabarri para que ella pueda trasladar su testimonio en las reuniones con políticos que tratará de concertar estos días. En ese comunicado el padre explica que hasta la pandemia, y tras seis años viviendo en esta casa, jamás había dejado de pagar su alquiler, y que cuando comenzó hacerlo fue por necesidad. “Lo siento mucho si he hecho mal; les ruego que puedan facilitarme una vivienda donde sí pueda pagar los gastos”, pide. Gabarri, por su parte, avala a la familia afectada y pide apoyo público para evitar que acaben en la calle. “Los políticos habían prometido que no se desahuciaría a nadie con la pandemia y están apunto de abandonar a tres niños. Espero que se haga algo. La familia es gitana, buena y trabajadora”, asegura. Trasladará el caso de los Montoya a las autoridades autonómicas en busca, principalmente, de una vivienda de emergencia que pueda autorizarse antes del día del desahucio. Hasta ahora, ningún colectivo se ha puesto en contacto con la familia para tratar de frenarlo.
Los expertos en desalojos vaticinan “un aluvión” de casos tras el estado de alarma
“Hay varios desahucios parados ahora mismo de afectados por el covid-19 que, cuando acabe el estado de alarma, va a provocar un tsunami”. Lo dice Miguel Ángel García, antiguo portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (ahora mismo casi inactiva por falta de apoyos) y uno de los activistas que más de cerca sigue los desalojos en la ciudad. A su juicio, la primavera provocará en Gijón un “aluvión” de demandas de desahucio para empleados que han perdido su empleo durante la crisis o están agotando sus ahorros para hacer frente a los gastos mensuales. Otros colectivos como Mar de Niebla y Cruz Roja también estudian de cerca la precariedad al alza de una parte de la clase trabajadora de la ciudad, un empeoramiento que ya se deja notar en las asociaciones que ofrecen comida y ayudas para pagar de facturas pero que, si tras el estado de alarma no se autoriza otro fondo de rescate a largo plazo, dejará bajo el umbral de la pobreza a familias que hasta ahora habían resistido por su cuenta. García conoce el caso de la familia gijonesa que será desahuciada el mes que viene y explica que “su caso no es único”. “Mucha gente trabaja como ellos, de lo que pueden, sin declarar. Las familias que tenían trabajos habituales sí han podido optar a ayudas y su estado empeorará en mayo; pero estas otras que trabajan, como se dice, en ‘B’, han sufrido las consecuencias de la pandemia desde el minuto uno”, lamenta. “Ellos a efectos legales no cuentan como afectados del coronavirus, aunque lo sean. También se hicieron mal las cosas, porque para optar a las ayudas del Principado debías ganar menos de 400 y el salario social es de 448. Ahí quitas de golpe a muchas familias que solo tienen ese ingreso”, añade.
