El Ministerio Fiscal pedirá el sobreseimiento del “caso Eleazar” por el que una jueza imputó en diciembre a ocho vigilantes de seguridad y a cinco policías locales por su relación directa o indirecta con la muerte de Eleazar García Hernández, quien falleció tras un incidentes a las puertas de El Molinón en septiembre de 2019. La defensa de los acusados recurrió el acto esperando este resultado tras conocer que la jueza encargada del proceso concluyó que pudo existir una “relación natural entre la acción de los policías y vigilantes y el resultado luctuoso final”.
Uno de los argumentos que esgrimieron las defensas para pedir el sobreseimiento de la causa fue que habían solicitado una serie de pruebas, aprobadas por la magistrada, que no se llegaron a realizar antes de la emisión del auto. Se pidió un ampliatorio del informe forense que permitiera disponer de una copia íntegra del historial médico del joven. Ello permitiría demostrar que la medicación que tomaba el finado podía afectar a su estado. El forense explicó en su día que el fallecimiento, que se firmó a las 22.08 horas del 8 de septiembre, se debió a causas naturales. Si bien matizó que “pudo originarse por una mezcla de factores provenientes de una situación de estrés”. En el último auto se descartó que los implicados actuasen con dolo.
El suceso se remonta al 8 de septiembre de 2019 y tuvo dos escenarios, el estadio de El Molinón, donde se produjo la intervención de los agentes, y la centro de salud Parque-Somió, donde el finado fue trasladado tras lo sucedido en el coliseo rojiblanco.
Eleazar García Hernández había acudido ese 8 de septiembre a El Molinón para presenciar un partido que enfrentó a España contra Islas Feroe. Según el relato de la jueza, la magistrada Belén García Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, en un momento dado el chico se “alejó de su acompañante y salió del estadio”. Fue sobre las 20.40 horas cuando trató de regresar al interior del recinto deportivo por las puertas 12 y 13 y más tarde por la 15. Dijo a los porteros, “balbuceando”, que quería ir con su padre. Sin embargo, el joven con diversidad funcional no pudo identificar a su progenitor, aportar su número de teléfono ni tampoco mostrar su entrada. La cosa se complicó, explicó en su día la jueza, cuando García Hernández aprovechó un despiste de los guardias para colarse en el campo. Fue interceptado por una vigilante de seguridad que le dio el alto. Fue entonces cuando se produjo un forcejeo que provocó que la mujer tuviera que ser atendida después por un golpe en el rostro.
Poco después de sacar a Eleazar García del estadio, se le llevó a una valla con la ayuda de varios vigilantes de seguridad para su “inmovilización, posicionándolo boca abajo y con las manos a la espalda”. Después llegaron los agentes de la Policía Local para esposarle e introducirle en el coche policial. La intervención plantea en este punto algunas dudas. Una es que nadie asume que se diera la orden de detener al chico. También quedó acreditado que a Eleazar García no se le informó de sus derechos como detenido. Los agentes dijeron que esto último se debió a su “estado de alteración”. Lo que sirve a la jueza para reprochar que ese acto “no dio lugar a una atención sanitaria similar a la vigilante de seguridad”.
Los agentes describieron que, por el estado del chico, este parecía actuar como si hubiera bebido. Cosa que llamó la atención a la jueza porque como policías, son expertos en valorar esos síntomas. El joven fue evacuado poco después al centro de salud El Parque-Somió. Tuvo que ser inmovilizado en el suelo a la espera de que recibiera la pertinente atención médica. Al incorporarlo, se advirtió que había perdido el conocimiento. Poco después, convulsionó y entró en parada cardiopulmonar. El caso Eleazar ha sido uno de los más controvertidos y ahora podría dar un nuevo giro de tuerca con la petición de la Fiscalía del sobreseimiento del proceso.
