Cuatro de las promotoras gijonesas que adquirieron terrenos en el antiguo plan de Castiello se han librado de tener que afrontar posibles reclamaciones por 18,98 millones de euros para pagar la deuda con el Sareb, conocido como “banco malo”, principal acreedor en la quiebra de Terrenos de Gijón, sociedad constituida por seis empresas, estas cuatro y otras dos constructoras ya quebradas, para impulsar el plan de Castiello. La construcción de un nuevo área residencial con 4.000 viviendas sobre 930.000 metros cuadrados de la parroquia de Bernueces, de los que 208.000 son de Terrenos de Gijón. Una sentencia del juez de lo mercantil de la ciudad ha admitido el recurso para excluir de la masa activa (los derechos de cobro) esos 18,98 millones de euros al haber sido cancelada la deuda con la aportación de fincas por parte de las empresas.
El valor de las fincas aportadas es actualmente ínfimo, después de que la anulación judicial del PGO de 2011 hiciera que esos terrenos pasaran de tener la condición de urbanizables a ser simples prados. Tras esa anulación, la sociedad intentó conseguir compensaciones millonarias por las inversiones efectuadas, presentando una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento que fue desestimada, salvo en lo referente a la devolución del IBI abonado, cantidad mínima frente a los más de 57 millones de euros que esperaban conseguir.
En septiembre de 2019 Terrenos de Gijón acabó entrando en concurso de acreedores con unas deudas de 32,7 millones de euros, de los que más de 30 millones eran con el Sareb (17 de principal). Antes de entrar en concurso, la sociedad llegó a un acuerdo con un fondo de inversión irlandés para cancelar la deuda que había contraído con el Banco Sabadell y cuyos derechos de cobro, por unos 17 millones de euros, la entidad financiera había vendido al fondo irlandés.
Aquel acuerdo no impidió que la sociedad acabara quebrando, después de que el nuevo PGO aprobado por el Ayuntamiento en 2019 eliminara el proyecto urbanizador de Castiello previsto en el plan de 2011. Terrenos de Castiello se había endeudado con los bancos y concedió a su vez préstamos a las constructoras asociadas. Estas a su vez adquirieron Las fincas. Unas fincas que entre 2012 y 2013 fueron aportando a Terrenos Gijón como ampliaciones de capital y a la vez como dación en pago para cancelar aquellos préstamos.
Esa operación, por 30 millones de euros en conjunto, es la que puso en cuestión la administración concursal de Terrenos de Gijón, considerando incobrables unos 12 millones (los de las dos constructoras quebradas), pero incluyendo en la masa activa los 18,98 millones de euros de los créditos concedidos a las cuatro restantes, con cantidades que oscilan entre los 2,63 y los 5,63 millones de euros para cada una de ellas.
Esa inclusión en el inventario abría la puerta a una reclamación judicial del dinero a los socios de Terrenos de Gijón, que recurrió la decisión ante el juez, ganando. El magistrado ha optado por excluir esos créditos de la masa activa del concurso, destacando que los acreedores –el principal es el Sareb– han guardado “un silencio sepulcral” respecto a la dación en pago de las fincas por parte de las empresas promotoras.
Además, el juez indica que la reclamación de esa cantidad tendría que hacerse mediante la interposición de una demanda impugnando el acuerdo de la junta de accionistas de Terrenos Gijón que en diciembre de 2013 aceptó la dación en pago de las fincas, algo que aunque hipotéticamente hubiera sido irregular ya estaría prescrito. El magistrado también considera que no hay pruebas de hubiese irregularidades en aquel acuerdo que posibilitara anularlo y además en las auditorías de las cuentas de la sociedad no se plasmó ninguna salvedad al respecto.
