La muerte del único acusado por el brutal crimen de Lloreda aboca el caso al archivo

Víctima e investigado eran amigos. O, al menos, conocidos de su etapa en prisión. Llamedo, al que muchos de sus vecinos conocían como “el Cuatrero”, había ingresado en la cárcel por distintos delitos, desde su implicación en una red de robo de ganado hasta pequeños hurtos. Fue durante esa estancia entre rejas donde vio por primera vez a Alberto Aguirre, más joven, pero con penas más graves. En su caso, llegó a prisión después de atar de pies y manos a un mendigo en Bilbao en 1999, abrirle la boca y meterle, hasta tres veces, un hierro de alrededor de 30 centímetros antes de prenderle fuego para hacer desaparecer el cuerpo, según recogen las páginas de sucesos del momento. De aquella, tenía 20 años y, como curiosidad, fue el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, quien le envió a prisión.

Alberto Aguirre, tras ser detenido por la Guardia Civil.

Cuando Alberto Aguirre recuperó la libertad fue a pedir cobijo a Llamedo y se instaló con él en la casa de Lloreda. Juntos se dedicaban a la chatarra y a algún que otro hurto sin mayores consecuencias. La madrugada del 31 de octubre de 2019 una discusión por dinero acabó brutalmente. Supuestamente, Aguirre la emprendió a golpes, con un bastón, provocándole tales traumatismos por todo el cuerpo a su amigo que murió. Con la casa llena de sangre y la compañera sentimental de Llamedo escondida en una habitación, el sospechoso huyó. Sobre las cinco de la mañana, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, siendo competencia de estos últimos la investigaciones. En las primeras horas de la tarde del día 31, ya habían detenido a Alberto Aguirre, que siempre negó ser el responsable del crimen, también en el Juzgado.

La investigación judicial siguió su curso, pero poco después, la única testigo del caso, y pareja de la víctima, regresó a su Rumanía natal. Nunca más se supo de ella. La defensa de Aguirre aprovechó para solicitar la puesta en libertad de su representado, a la vista también de que no había acusación particular que hiciese presión para evitarlo. En abril del pasado año volvió a quedar en libertad, pero siguió como acusado.

De primeras, se instaló en la vivienda de Lloreda, ya deshabitada tras la muerte de Llamedo y la huida de su viuda. Poco duró en ese lugar, la Guardia Civil fue a advertirle que tenía una orden de alejamiento que le impedía aproximarse a la finca. No dio problemas, asumió la orden y se fue. Era frecuente verle en el entorno del Albergue Covadonga y la sede de Calor y Café.

Un bastón que figura en la causa como arma del crimen.

Andaba de un sitio a otro, preso de su adicción a las drogas. Los últimos meses se instaló en un chamizo (algo que en el “sinhogarismo” se conoce como “chupanos”) de tres metros cuadrados ubicado en una parcela abandonada de Roces, rodeada por las calles sor Juana Inés de la Cruz y Álava, a escasos metros del centro de salud. Un diminuto habitáculo tapado con plásticos para la lluvia, el interior recubierto de cartones y rodeado de basura, chatarra y todo tipo de desperdicios. Desde los hierros de una bicicleta hasta más de un microondas desguazado. También había calzado, ropa de abrigo y restos de comida.

En esas condiciones pasó sus últimos días Alberto Aguirre. Un individuo encontró su cuerpo sin vida a las cinco y media de la tarde del lunes. Ahora, con su muerte, se cierra el caso del brutal crimen de Lloreda, que quedó sin resolver judicialmente.