La maquinaria para decidir el futuro del presidente local del PP de Gijón, Mariano Marín, ya está en marcha. La primera reunión del comité de garantías del partido en Asturias, constituido y reunido ayer de urgencia ante una demanda contra el abogado de buena parte de su junta local, se saldó sin ninguna decisión en firme, pero sí con varias directrices que marcarán la hoja de ruta de las próximas semanas. Se nombrará, como especifican las normas internas, a un instructor del caso, que deberá recabar ahora el testimonio de las partes afectadas después de que más de la mitad de los miembros de la junta local, unos 40 afiliados, presentasen una denuncia contra Marín, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La decisión se podría tomar, previsiblemente, en cuestión de días.
La demanda se centraba en tres aspectos que, a juicio de los impulsores, motivaban la intervención del comité. El primero radicaba en las críticas vertidas por Marín contra el actual portavoz, Alberto López-Asenjo, durante la campaña de las últimas elecciones locales. El segundo, la negativa del presidente para incluir en el orden del día de una reciente junta local una votación sobre su propia reprobación, una decisión que indignó a buena parte de los integrantes. El último motivo, más general, se basaba en la supuesta inactividad general del partido en el último año.
La propia Teresa Mallada, presidenta regional del PP en Asturias, dio hace semanas un “ultimátum” al abogado para que presentase su dimisión. Obtuvo como respuesta unas declaraciones públicas en las que Marín aseguró que esperaba que su futuro no se decidiese “por dimisiones forzadas ni por sustituciones a dedo”. Mallada y su equipo, por su parte, consideraron que esta inactividad del PP a nivel local se veía probada por no haberse impulsado ninguna de las directrices acordadas a nivel autonómico, entre las que se incluían crear comisiones de estudio, reactivar el contacto con asociaciones locales y abrir la sede del partido en Gijón a diario.
El comité de garantías tiene como presidente a Juan José Fernández (responsable de la asesoría jurídica en el comité de campaña de Mallada en 2019) y a Nieves Díaz en el cargo de secretaria. Según el reglamento de los populares, y teniendo en cuenta que a nivel nacional el partido tiene otro comité de iguales competencias para resolver en segunda instancia los posibles recursos, el futuro definitivo Marín en Gijón podría tardar en conocerse. No obstante, el comité de derechos y garantías puede suspender en el cargo al actual líder en Gijón temporalmente. En el caso de que así fuera, el secretario general a nivel local y diputado autonómico, Pablo González, pasaría a dirigir el partido en Gijón sin que lo tenga que votar la junta local, un paso obligatorio en el caso de que Marín aceptase finalmente presentar la dimisión. El desenlace aún se hará de rogar.
