Cualquier coche sin distintivo ambiental podrá seguir circulando tranquilamente por Gijón después de 2026 siempre que no ruede más de 2.500 kilómetros al año, es decir, 6,85 al día de media. Ese es el límite pactado por el gobierno local y Ciudadanos para salvar a los vehículos diesel anteriores a 2006 y a los de gasolina anteriores a 2000. El acuerdo para suavizar la ordenanza de movilidad, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, afianzará el respaldo en el Pleno de marzo de la aprobación de la norma, que ya contaba con el apoyo de Podemos-Equo tras un acuerdo previo con el PSOE e IU para abrir una línea de ayudas municipales para la renovación de los vehículos más contaminantes.

La prohibición de circular por todo el casco urbano de Gijón a los vehículos sin distintivo ambiental más allá de 2026 es uno de los aspectos que mayor polémica levantaron en el proyecto de ordenanza y contra el que alegaron los integrantes de la Plataforma de Afectados por la Ordenanza de Movilidad, reclamando lo que ahora les ha concedido el gobierno local con Ciudadanos, que ha jugado un papel de “catalizador” para ese acuerdo, en palabras de su portavoz municipal, José Carlos Fernández Sarasola, quien ayer presentó el acuerdo junto al edil de movilidad, Aurelio Martín (IU), y el presidente de la Plataforma, Iván García.

Para poder circular, los dueños de los vehículos deberán pedir una autorización al Ayuntamiento a partir de 2026 aportando el kilometraje registrado en la revisión anual de la ITV, explicó Aurelio Martín. La medida es suficiente para salvar de la quema a los coches clásicos, pero también a vehículos viejos que se utilizan esporádicamente, como es habitual en la zona rural gijonesa. No obstante, estos vehículos no podrán aparcar en superficie en todo el casco urbano gijonés a partir de 2026. La primera restricción para los vehículos sin distintivo ambiental llegará el próximo año, cuando a pesar de poder circular por Gijón no podrán aparcar en la zona ORA.

El Partido Popular lamentó que sigan sin ofrecer alternativas a estos vehículos. “El problema es que a partir del año que viene se prohíbe estacionar, pero no se ofrecen alternativas. No se van a construir aparcamiento disuasorios. Los problemas siguen ahí”, explicó la concejala Ángeles Fernández-Ahuja.