La colaboración ciudadana permitió el pasado año a la Policía Nacional desmantelar hasta 23 puntos de venta de sustancias estupefacientes repartidos por toda la ciudad, la inmensa mayoría en establecimientos públicos, y proceder a la detención de 34 personas por delitos contra la salud pública, una cifra ligeramente inferior al 2019 (45 puntos y 41 arrestos), pero llamativa dadas las restricciones de movilidad y el confinamiento total que se vivieron a lo largo del pasado año por la pandemia de coronavirus. Los avisos vecinales fueron seguidos por los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Gijón –en colaboración con las unidades de seguridad ciudadana como el GAC, GOR y UPR– dando resultado tras largas horas de investigación y seguimiento para poner fin a estos “puntos negros” de la ciudad.
Las labores policiales para este tipo de intervenciones requieren tiempo y esfuerzo para confirmar que los avisos que reciben los investigadores –la mayoría a través de los canales que la Dirección General de la Policía tiene habilitados para facilitar la colaboración ciudadana– son ciertos. El confinamiento y las restricciones dificultaron los trabajos durante buena parte del año.
Las intervenciones más destacadas llevadas a cabo por el Grupo de Estupefacientes permitieron desarticular en el mes de agosto un punto de venta de heroína en la calle Marcelino González, en el barrio de El Llano. Un vecino de 52 años, con antecedentes por tráfico de drogas (había sido detenido ya en el 2010), fue arrestado en su domicilio con 40 gramos de heroína que distribuía desde su vivienda. Esa investigación, llamada por los agentes “operación Duracel”, se saldó con el ingreso en prisión provisional de este individuo.
Al igual que en la mayoría de casos, estas labores arrancaron un mes antes, en julio, después de que se recibiese información en la Comisaría de Gijón sobre la venta de sustancias estupefacientes en un domicilio de El Llano. Según ese aviso, el inmueble en cuestión era frecuentado permanentemente por toxicómanos que generaban molestias en el vecindario a todas horas del día y de la noche. Tras varios días de seguimiento, los policías detectaron numerosos pases de droga del investigado y realizaron actas de incautación de sustancia estupefaciente a varios de sus compradores. Con esas pruebas se procedió al arresto del supuesto responsable, al que hace una década ya se le sorprendió con otros 70 gramos de la misma sustancia.
La otra gran operación, bajo el nombre “Picota”, llevó al Grupo de Estupefacientes hasta la parroquia de Tremañes a raíz de distintas informaciones vecinales que advertían de un intenso olor a marihuana que provenía de una de las casas. Las pesquisas sirvieron para descubrir una amplia y sofisticada plantación que cultivaba un gijonés de 39 años, con antecedentes por delitos contra la salud pública. Este individuo, detenido en el mes de septiembre del año pasado, había montado toda la instalación en un piso de la familia tras el confinamiento por la pandemia sanitaria y había manipulado el suministro de electricidad para mantener las plantas. La defraudación del fluido eléctrico superaba los 5.000 euros.
Más de 200 tiestos
En la operación policial se incautaron 72 plantas de marihuana y 200 tiestos grandes para plantas de crecimiento avanzado. También sacos de tierra, garrafas de fertilizante y restos de plantas en proceso de putrefacción. La instalación hasta sorprendió a los investigadores por su sofisticación: había ventiladores, transformadores de luz y humidificadores para un correcto cultivo de la mercancía.
La nueva cosecha que este gijonés estaba preparando, según estimaron los agentes entonces, estaba compuesta por 250 plantas en floración. Ítem más. El invernadero neutralizado podría producir hasta cuatro cosechas en doce meses, lo que supondría un rendimiento de 500 kilos de marihuana al año. Esa cantidad, atendiendo a los precios en el mercado ilícito, se traduce en 874.500 euros. Finalmente fue detenido y acusado de un delito contra la salud pública, igual que el resto de arrestados el pasado año a los que ni la pandemia frenó para seguir con sus trapicheos.
Hachís y cocaína en palilleros y el bombo de la lavadora en un bar
Muchas de las operaciones contra el tráfico de estupefacientes llevan a los agentes a establecimientos de hostelería. El último de ellos es un bar de El Llano cuyo encargado distribuía hachís y cocaína entre sus clientes. Guardaba la sustancia, explican fuentes policiales, en los palilleros y en el bombo de la lavadora. Los agentes (se percataron del hecho delictivo al ver que mucha gente entraba y salía del local sin recoger comida para llevar) también intervinieron una pistola detonadora y una navaja además de distintas papelinas y una báscula de precisión. La Policía solicitó la clausura del bar ante la autoridad judicial.
