El Ayuntamiento tendrá la opción de declarar, con carácter temporal o permanente, una acera, calle o lugar público como “espacio de especial protección para el peatón”. A partir de esa declaración se podrán determinar usos y ocupaciones a restringir en ese espacio. Esta es una de las novedades que se han incluido, en base al estudio de alegaciones, en el texto de la nueva ordenanza de Movilidad. El documento que ayer aprobó la Junta de Gobierno, como paso previo a su vuelta a comisión y aprobación definitiva en el Pleno, incorpora modificaciones en 17 artículos, dos disposiciones adicionales y tres anexos.

Entre esos cambios está el ya anunciado en favor de que vehículos sin distintivo ambiental y sin la condición legal de históricos puedan circular un máximo de 2.500 kilómetros al año por Gijón a partir del uno de enero de 2026. El texto inicial de la ordenanza no les permitía moverse. Este ajuste se hace en base a un acuerdo político del gobierno con Ciudadanos, que avalará por ello la ordenanza. El cambio supone también matizar el apartado de sanciones ya que sobrepasar esos 2.500 kilómetros o circular sin la declaración responsable que se les exige presentar cada uno de enero pasa a ser una infracción grave castigada con una multa de hasta 300 euros.

También se afinan las excepciones a la regulación general que se fija sobre Cimadevilla como área de prioridad residencial con identidad propia. En líneas generales el límite de velocidad en el casco histórico es de 20 kilómetros a la hora, con acceso exclusivo por puntos concretos y en horario limitado. Unos límites que pueden saltar, por ejemplo, vehículos de servicios de emergencia o de transporte público colectivo. Pero si en el texto inicial se incluía en las excepciones a personas empadronadas en ese ámbito geográfico ahora se habla de “autorizados conforme al artículo 30” donde la administración municipal da las autorizaciones en las áreas de prioridad residencial.

También se afina en la disposición de la ordenanza que exige para lograr la autorización de celebración de eventos culturales, deportivos, comerciales o sociales que se presente al Ayuntamiento un plan de movilidad específico. En el texto inicial se indicaba que era para eventos con afluencia masiva de participantes o visitantes. Ahora se concreta en esa afluencia debe ser superior a 5.000 personas.

Entre el resto de las modificaciones hay ajustes en la descripción de la fórmula de retirada de vehículos, “incluidos los ciclos y los VMP (vehículos de movilidad personal)”, en la distinción entre bicicletas o bicicletas de pedales y vehículos o vehículos a motor y en el desglose en el procedimiento para la obtención de la tarjeta de residente.

También se ha incorporado un cambio en cuanto a la determinación de ciclocarriles. Los vehículos motorizados, cuando estén circulando por ellos “observarán y respetarán siempre la prioridad del tráfico ciclista y VMP, adaptando su velocidad a la de estos vehículos, no permitiéndose los adelantamientos a estos vehículos dentro del mismo carril de circulación”.

El servicio de Movilidad de la concejalía que encabeza Aurelio Martín realizó esta propuesta de cambio en base al estudio de las 178 alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial. Además, ha redirigido hacia el Plan de Movilidad Sostenible 2021-2023 algunas de las alegaciones de las federaciones vecinales que eran más bien propuestas de actuación.

Socorristas

Por otro lado, la Junta de Gobierno dio luz verde a una convocatoria de las bolsas de empleo temporal de socorristas acuáticos, lancheros y auxiliares de playa para la temporada 2021 en régimen de funcionarios interinos. La incorporación al servicio se determinará por el orden de clasificación definitiva de los aspirantes.

En cuanto a las ayudas económicas del “Gijón reinicia” a pymes y autónomos por el covid ayer se dio el visto bueno a 203 peticiones, sobre un paquete de 234 expedientes, con un desembolso de algo más de 348.000 euros: 151 a la línea 1 (331.061,63 euros) y 52 a la línea 2 (17.329,64 euros). La ayuda municipal comprometida hasta el momento se eleva a 3,1 millones. Y entre las decisiones tomadas se incluye desestimar los recursos que solicitaban suspender la concesión de la licencia de obra y ambiental para la ampliación del hospital de Cabueñes.