El jesuita Jorge Enríquez Muñoz ha sido condenado a una pena de siete años y tres meses de cárcel por un delito continuado de abuso sexual sobre una alumna del colegio de la Inmaculada, así como a pagarle a la víctima 15.000 euros de indemnización. El sacerdote defendió que las relaciones con la por entonces menor de edad habían sido siempre consentidas, un extremo que la acusación y ahora la magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Provincial descartan de plano. También se le prohíbe trabajar como docente o en cualquier empleo que permita tener contacto con menores de edad durante seis años. La sentencia recoge el testimonio de varios testigos que vieron cómo el sacerdote besaba en la boca a la chica y otros a los que la propia víctima, antes de darse cuenta de que estaba siendo víctima de abuso, les había confesado su relación con el hombre. La defensa prevé recurrir el fallo.

Entiende la magistrada que Enríquez Muñoz “fue consciente en todo momento” de la “relación de superioridad” que mantenía con su víctima, y que se aprovechó de ello “entretejiendo una telaraña de supuesto enamoramiento y dependencia”, gracias a lo que “consiguió realizar con la víctima actos de contenido sexual múltiples, variados y progresivos” desde “septiembre de 2008” –cuando la joven tenía 13 años– “y hasta septiembre de 2012”, que fue cuando la denunciante se dio cuenta de que estaba siendo manipulada.

El fallo recoge testimonios de varios testigos, amigas de la joven, y también de su madre, que llegó a preguntar en el colegio por el acusado ya que “le extrañaba que su hija hablara tanto con él”, y en el centro una profesora la tranquilizó. Las amigas, por su parte, fueron testigos de un beso en la boca y confidentes de toda la relación entre víctima y acusado. También se considera probado que el vínculo entre ambos comenzó en el centro educativo, en el llamado “Llar”, un espacio de ocio para alumnos, y que el religioso quedaba con la joven tanto en este lugar como en su propio despacho.

La antigua alumna del colegio de la Inmaculada, nacida en 1994, “asistió y asiste actualmente a tratamiento psicológico” y, según los informes de psicólogos forenses, su relato es “consistente y coherente”. La magistrada justifica también la concreción de las fechas y acontecimientos en orden cronológico porque la joven llevaba un diario y apuntaba “de manera encriptada” en sus agendas “los días en que el acusado la venía a ver”. Lo sucedido le ha dejado “secuelas de sufrimiento emocional” que producen síntomas compatibles con un trastorno de ansiedad y depresión.

El acusado, siempre según la sentencia, no aportó un relato tan creíble, y “solo reconoce los actos de contenido sexual ejecutados a partir de 2010”, cuando la joven ya tenía 16 años, “posiblemente pensando que esto pudiera favorecerle penalmente”. Algo que, en cualquier caso, “no podía negar” por las pruebas presentadas, entre ellas, las cartas de amor que él mismo le escribía diciéndole, entre otras frases: “Nos hemos demostrado a lo largo de los años que somos mucho más que una pareja de enamorados”. La defensa estudia recurrir. “Lo estamos valorando. Hay motivos para discrepar jurídicamente en algunas interpretaciones y en algunos atenuantes que en mi opinión sí concurren”, afirmó el letrado Alberto Aldamunde, que señaló que su defendido recibió esta sentencia “razonablemente tranquilo y sereno”.

La comunidad jesuita en España, por su parte, emitió ayer un comunicado declarando su “respeto” por la decisión judicial y reiteró “a la víctima y a la sociedad la petición de perdón por el dolor que un miembro de la Compañía de Jesús le haya podido causar”. “Manifestamos una vez más nuestra disposición a escuchar, acompañar y tratar de restaurar la dignidad de cualquier víctima de abusos”, añadió la Compañía, que continuará con su proceso canónico contra el sacerdote cuando finalice el proceso judicial. El acusado fue denunciado en marzo de 2019 en Logroño, donde estaba destinado, por conductas inapropiadas con una alumna de esa ciudad. La víctima del supuesto abuso gijonés, de hecho, relató que quiso denunciar para “evitar que lo que le pasó a ella pudiera ocurrirle a otras personas”.