El colegio Santa Olaya clama por un maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) durante 25 horas para un alumno de su centro con necesidades educativas especiales, tras el plante de 16 familias que se niegan a llevar a sus hijos al centro ante los problemas en el aula derivados de su conducta. El escolar, de quinto de Primaria, contaba con un apoyo especializado a tiempo completo que este año se le retiró. La Consejería de Educación le concedió a cambio un apoyo permanente que supone que siempre hay dos docentes en el aula, mientras que el apoyo terapéutico se ha reducido a cinco horas a la semana.

El equipo directivo y las familias entienden que no es suficiente y reclaman que el especialista en Pedagogía Terapéutica se haga cargo del menor en exclusividad, dadas las alteraciones en su comportamiento en el último curso. La Consejería señaló ayer que el Servicio de Orientación mantendrá una reunión con el centro, el alumno y la familia para iniciar una intervención. Y que el Servicio de Inspección lleva haciendo un seguimiento exhaustivo del alumno desde cursos anteriores, con numerosas visitas al centro.

Las familias entienden que no se debe culpar a nadie de la situación, más allá de una falta de medios que ha limitado las posibilidades de actuación con el niño. Lo que tienen claro es que, si nadie toma medidas para ayudar al menor a encauzar el comportamiento normal en el aula, no mandarán más a sus hijos a clase. Desde el pasado lunes y durante toda esta semana protagonizan una huelga simbólica para exigir medidas al Principado. El alumno “tiene Necesidades Educativas Especiales y durante los primeros meses en el centro la convivencia fue muy complicada. Su comportamiento violento alteraba la rutina y la evolución educativa normal, tenía al resto de sus compañeros, personal del centro, comedor y resto de alumnos amedrentados, amenazados de muerte, agredidos física y verbalmente tanto dentro del aula, como en el patio y el comedor”, sostienen los padres de 16 alumnos.

En 2018 ya pidieron ayuda a la Consejería porque “los niños dejaron de tener salidas del centro para evitar posibles incidentes”, explican. La Consejería tomó algunas medidas y e adjudicó un PT intensivo solo para él. El curso pasado transcurrió con pocos incidentes, pero este curso “la situación está cada vez peor”, con episodios de violencia física y verbal que culminaron la semana pasada con la intervención de la Policía Local.

“No es posible dar clase en un grupo ordinario con otros 19 niños en el aula, impartiendo una programación de acuerdo al currículo oficial, garantizar un clima de convivencia que permita el normal desarrollo de las clases y el progreso educativo de este alumno con necesidades especiales, por lo que se están vulnerando los derechos de nuestros hijos a una educación normalizada. Pedimos una respuesta urgente que no llega”, lamentan.

Y con todo, “es sólo la punta del iceberg, porque muchos colegios están en idénticas circunstancias”. Así lo denuncia una de las madres del centro y presidenta de la Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL/TLD), Olga Gutiérrez. “El problema raíz como siempre es la falta de recursos humanos para la atención a la diversidad y esto no es una queja solo de las familias también de los propios docentes”, sostiene, a la vez que explica que “otras asociaciones como Dislexia Asturias o Adansi tienen la misma perspectiva”. “A este niño le está fallando el sistema de educación, sanitario y social. Él tiene un problema y las administraciones competentes no le están solucionando”, indica.