Gijón al Norte, la sociedad que gestiona el plan de vías, cerró su ejercicio económico en 2020 con un resultado positivo de 1.228,88 euros: 70 euros más que en 2019. Una cifra que está muy lejos de los cientos de millones de euros de coste de los proyectos que debe sacar adelante. El convenio aún vigente, el firmado en mayo de 2019, compromete a Gijón al Norte a desarrollar actuaciones por un valor de 360 millones de euros.
Al tiempo que Ministerio, Principado y Ayuntamiento –los tres socios de Gijón al Norte– debaten sobre la futura ubicación de la estación intermodal en base a las propuestas del Museo del Ferrocarril, Moreda y Sanz Crespo; la sociedad cumple con la obligación de formular las cuentas del año pasado. Ayer hubo una reunión telemática de la comisión de auditoría como pase previo a presentar las cifras a los miembros del consejo de administración.
La estación provisional de Sanz Crespo tiene un protagonismo especial en estas cuentas, donde se refleja la decisión del consejo de Gijón al Norte del 28 de diciembre de 2020 de formalizar la entrega del equipamiento a Adif. La estación se valora en 13.931.177 millones. Esta operación es la razón fundamental de que el epígrafe de existencias de Gijón al Norte pasara de los 76,6 millones a los 63,2 entre el remate del año 2019 y del 2020. El traspaso de la estación provisional tiene como origen el convenio de adquisición y pago de mutuo acuerdo firmado entre Gijón al Norte y Adif en 2014.
Adif aportaba a la sociedad gestora del plan de vías para su comercialización un suelo que había sido ferroviario. Ese suelo valorado en 41,6 millones pasaba a Gijón al Norte que lo iría pagando con la entrega de obra ferroviaria ejecutada. Antes de la estación se había hecho un primer pago de 8,6 millones. Ahora restan por pagar a Adif 18,6 millones. Los 13,9 millones de la provisional conforman, además, el importe neto de la cifra de negocios de la sociedad.
Esta gestión tiene especial incidencia ahora ya que Adif y el Ministerio de Transportes valoran reformar y ampliar la actual estación de Sanz Crespo para reconvertirla en la estación intermodal de Gijón. El cálculo es invertir alrededor de 20 millones de euros. Nueve en una primera fase para acondicionar la instalación actual y alrededor de 12 en una segunda fase, la de su ampliación. El diseño debe tener en cuenta el soterramiento de las cercanías para conectar con el metrotrén.
En cuanto a los préstamos, y más en concreto al participativo suscrito por los socios en 2019 por 7.150.000 como financiación puente para mantener la actividad, la cuenta establece que todos los desembolsos fueron realizados: 1,5 millones en 2019 y 5,6 en 2020. El previsto cambio de convenio debe concretar el nuevo plan de financiación.
Gijón al Norte tiene un gasto en personal de 254.000 euros. La sociedad tiene una directiva, dos administrativas (una a media jornada) y un técnico en su plantilla. No hay ni contratos de alta dirección ni pagos a consejeros. Los gastos ordinarios de explotación son 123.900 euros tras sumar gastos en materiales por el covid-19 y restar una rebaja en el contrato de arrendamiento de su sede en la Casa del Mar, en Príncipe de Asturias.
Cs pide un proceso abierto a toda la ciudad para fijar los usos del suelo del plan de vías
Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos (Cs) y consejero de Gijón al Norte, defendió ayer que hay que cerrar cuanto antes el “debate reabierto de forma irresponsable por la Alcaldesa sin esperar a las conclusiones de los estudios” sobre la ubicación de la estación intermodal. Su propuesta es abrir un debate real sobre los usos a dar al suelo liberado de las vías como nueva trama urbana.
El concejal de la formación naranja lleva una iniciativa a Pleno en la que se plantea abrir un proceso de participación ciudadana que define los usos a los que se destinará ese suelo y que las conclusiones de ese proceso sean vinculantes incluyéndolas tanto en el futuro plan especial modificado como en el nuevo convenio, si se decide finalmente hacerlo.
El diseño urbano, que incluía torres de viviendas y que se definió en el plan especial que Jerónimo Junquera firmó en 2008 “ya no tiene sentido”. “Aquello se hizo en el momento del boom del ladrillo, con una gran demanda de vivienda y cuando las plusvalías eran la principal línea de financiación. Ahora ni hay boom, ni demanda y se buscan otras vías de financiación”, explicó el edil.
“Hay que ir a los posible no a lo utópico”, concretó Pérez Carcedo al rechazar que todo el espacio se quede como un gran parque, como pide una plataforma ciudadana. Pero entiende que hay capacidad para rebajar la densidad edificatoria en la zona, donde en el plan inicial se calculaban unas 2.000 viviendas. Su ejemplo es el proyecto ferroviario de Logroño. “Si allí se pudo ir a edificar menos, en Gijón también se puede”, sentencia el edil que pide que ahora “se escuche a la ciudad, algo que no le gusta mucho al gobierno, sobre todo cuando le lleva la contraria”.
