El 22 de abril de 2019 el Consejo de Administración de Gijón al Norte acordaba modificar el convenio del plan de vías de Gijón para construir una estación intermodal completamente soterrada frente al Museo del Ferrocarril. Casi un mes antes, el 27 de febrero de aquel año, la Comisión Mixta de las Cortes para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas instaba a 13 sociedades públicas para la integración ferroviaria participadas por Adif, entre ellas Gijón al Norte, a buscar alternativas al soterramiento.
La comisión integrada por miembros del Congreso y el Senado hacía suyos los planteamientos del informe de fiscalización que había dictado el pleno del Tribunal de Cuentas el 31 de enero de aquel año en el que ante un incremento medio del 186,21% en los costes de los proyectos y al considerar que el soterramiento no es imprescindible, para garantizar el servicio de la red ferroviaria, se buscaran alternativas “para el adecuado cumplimiento del principio de economía”.
El Secretario de Estado de Transportes y presidente de las Sociedades de Integración Ferroviaria, Pedro Saura, presentó una alegación al informe en la que expresaba “con alguna matización o aclaración” la conformidad con las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas para reducir costes en los proyectos.
En lo que se refiere a Gijón al Norte, explicaba el nuevo convenio que se estaba acabando de perfilar para llevar la intermodal al Museo del Ferrocarril, apuntando que el incremento de los costes respecto a las soluciones anteriores no los asumiría ni Adif ni Renfe Operadora.
Saura señalaba respecto a la recomendación del Tribunal de Cuentas de buscar alternativas al soterramiento que en el caso de Gijón “es obligado construir un tramo soterrado para conectar con un túnel ya construido a 21 metros de profundidad y ejecutar una estación de cercanías soterrada”.
