“Es una gran satisfacción; siete años de vía crucis es bastante tiempo”. El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, valoró ayer con estas palabras el decreto del Tribunal Supremo que hace firme la sentencia del Tribunal de Cuentas que los exime tanto a él como al exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, del procedimiento de responsabilidad contable por alcance que había impulsado contra ellos la Fiscalía y la Abogacía del Estado por la gestión de la obra de ampliación del puerto gijonés. “No hubo ninguna ilegalidad”, defiende Rexach a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA
El decreto del Supremo es del pasado 30 de marzo, coincidiendo la fecha con la del informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) de 2014, hace siete años, que dio pie a la investigación judicial de las supuestas irregularidades denunciadas por la OLAF en torno a la obra. La Fiscalía y Abogacía del Estado les habían solicitado una responsabilidad de 135 millones, fundamentalmente por los sobrecostes de la obra de ampliación.
El primer asalto lo han ganado con claridad los exdirectivos de El Musel, que aún tienen pendiente un juicio en la Audiencia Nacional junto a otros excargos públicos y directivos de las empresas constructoras que ejecutaron la obra.
Respecto al final del camino en el Tribunal de Cuentas con un resultado favorable, Rexach indicó ayer que el Tribunal de Cuentas inició el procedimiento fiscalizador a raíz del informe de la OLAF y que “todo lo que se basaba en principio en el informe de la OLAF ha quedado absolutamente desvirtuado” en las sucesivas resoluciones de la instructora del expediente en el Tribunal de Cuentas, de la consejera de sala que juzgó el caso en primera instancia y de la sentencia posterior de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, ahora firme.
El fiscal había desistido de recurrir esa sentencia, algo que sí había anunciado que iba a hacer el Abogado del Estado, dando pie a que formularan alegaciones los abogados que defienden a los exdirectivos de El Musel –Agustín Azparren y Viliulfo Díaz– tras lo que la Abogacía del Estado optó por no formalizar el recurso, explica Rexach.
El anteproyecto del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas “copiaba párrafos enteros del informe de la OLAF, que apenas quedaban en el definitivo”, resalta el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Rexach señala que en el procedimiento seguido en el Tribunal de Cuentas “se ha analizado al detalle toda la gestión económica, resaltando la última sentencia de la Sala que todo estaba correctamente ejecutado, que no hay menoscabo para los fondos públicos y que incluso ha habido un ahorro”, esto último en base al informe encargado por la Autoridad Portuaria de Gijón a la consultora American Appraisal que valoraba la obra portuaria en 801,08 millones de euros, 92,3 millones más que los 715,66 millones que la Autoridad Portuaria pagó a la UTE Dique Torres (incluidos sobrecostes y actualización de precios).
A la espera de la Audiencia
Fernando Menéndez Rexach se ciñó ayer a valorar la firmeza de la sentencia del Tribunal de Cuentas, declinando pronunciarse sobre cómo cree que puede influir en el juicio pendiente en la Audiencia Nacional. Al respecto se limitó a señalar que “estoy convencido de que no ha habido ninguna ilegalidad” en torno a la obra de ampliación del puerto gijonés.
Por su parte, el exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, prefirió ayer no hacer valoraciones respecto al decreto del Tribunal Supremo que convierte en firme la sentencia del Tribunal de Cuentas.
La obra de ampliación de El Musel se licitó y adjudicó en 499,35 millones de euros más IVA. Comenzó en enero de 2005 y concluyó en febrero de 2011, tras un modificado del proyecto que amplió el presupuesto y el plazo de ejecución de los trabajos, efectuados por la UTE Dique Torres, integrada por Dragados y Drace (grupo ACS), FCC Construcción, Sato (grupo OHL) y Alvargonzález Contratas. El procedimiento en la Audiencia Nacional fue iniciado tras enviar la OLAF su informe a la Fiscalía.
