Un precio de compra de 900.000 euros, inferior entre un 30 y un 70% al resto de las opciones, y que la parcela ya tuviese una nave construida, lo que ahorraba costes y plazos, fueron los argumentos de Itvasa para decantarse por ubicar un nuevo centro de inspección de vehículos en Gijón en la propiedad que La Cooperativa tenía en Granda. Una ubicación que ha generado el rechazo de los vecinos y de la oposición municipal.
Esos datos aparecen en el informe con el que la Consejería de Industria da respuesta a una pregunta del parlamentario de Podemos, Daniel Ripa. En ese informe se indica que hubo una primera opción para la ITV, fechada en octubre de 2019, en una parcela del entorno de la Laboral que se descartó al no considerarla viable el propio Ayuntamiento de Gijón. También se acabaron descartando otras nueve parcelas ubicadas en Roces, Nuevo Roces, Casares, Granda y los polígonos industriales de Somonte, Lloreda y La Peñona. A algunas se llegó tras pedir información al Ayuntamiento y a otras tras una búsqueda en Google.
Según la información del Principado dos parcelas municipales en Granda pasaron a un segundo plano cuanto “el Ayuntamiento elevó el precio de los 55 euros por metro cuadrado iniciales a 67,88, importe que se consideró elevado”. Una contravaloración igualaba el precio al de la finca de La Cooperativa, pero sin nave lo que llevó a la ITV a optar por la propuesta privada que, además, bajo de 960.000 a 900.000 el precio de venta de una propiedad con un valor catastral de algo más de un millón. El remate de la operación con La Cooperativa necesitó menos de tres meses. En el polígono de Lloreda el metro cuadrado estaba a 80 euros y a 130 en las parcelas de Nuevo Roces. Con la propuesta final el coste, de parcela y nave, es de 48,70 euros el metro cuadrado.
A Laura Tuero, portavoz municipal de Podemos, el informe le sirve para reprochar al gobierno local de Ana González “que no haya hecho más para evitar que la ITV se establezca en Granda” como si hizo para no tenerla cerca de la Laboral. Por ejemplo, mejorando la oferta económica en Lloreda o planteándose una cesión de suelo como se hace en favor de otros equipamientos del Principado. “Se eligió la peor ubicación posible”, sentencia Daniel Ripa.
