Las familias del colegio Santa Olaya no se rinden y tras las vacaciones de Semana Santa han vuelto a retomar las movilizaciones para reclamar a la consejería de Educación medios suficientes que garanticen la atención a la diversidad. Ayer por la mañana, a primera hora y durante 30 minutos, un grupo de padres y sus hijos protagonizaron un paro simbólico antes de entrar al colegio, que quieren hacer extensivo a todos los cursos del centro.
Con ello, “queremos que se sepa que seguimos en la lucha para garantizar los derechos educativos de todos los niños”, aseguran, habida cuenta de que desde el Principado no se les ha ofrecido ninguna solución para sus demandas: un profesional de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo para uno de los escolares, que tiene necesidades educativas especiales.
Han sido los problemas derivados de la atención a dicho alumno los que han generado una protesta sin precedentes, con los padres en “huelga” durante algo más de dos semanas para protestar por lo que entienden como “una dejadez y una falta de medios incomprensible” en las aulas de Primaria, cuando “de lo que se trata es de garantizar que todos los niños tengan los medios adecuados a sus necesidades educativas”.
El problema se ha enquistado hasta tal punto que los padres están dispuestos a que todo el colegio protagonice un parón de media hora todas las semanas para dejar patente su malestar, y dado que “nadie nos da respuesta”.
Las demandas de los padres pasan incluso por la introducción de la figura de los educadores sociales en las aulas, de modo que los niños que lo precisen tengan un apoyo extra que facilite el normal discurrir del día a día en los colegios. Una petición que ya se hizo llegar a la Consejería hace tiempo, avalada por un grupo de colegios de la zona oeste de Gijón que consideran una necesidad poder contar con estos recursos en centros con muchos alumnos, de procedencias diversas y con casuística variada, para que ninguno de ellos se quede atrás en su desarrollo académico. El Colegio Oficial de Educación Social también respalda esta iniciativa, que en otras comunidades funciona desde hace tiempo, pero de momento no se ha contemplado desde el gobierno regional, que aduce que con los profesionales actuales es suficiente para cubrir todas las demandas.
Los padres consideran que este planteamiento es incorrecto, y no están dispuestos a permitir que la calidad educativa “disminuya por la falta de un personal que creemos que es perfectamente asumible”, concluyen.
