“Sin justicia no hay paz”, clamaron ayer las varias decenas de personas que se concentraron ante el Palacio de Justicia de Gijón para exigir que “se sienten en el banquillo” los cinco policías y ocho vigilantes de seguridad que fueron investigados por la muerte de Eleazar García –un joven de 30 años con una discapacidad del 75 por ciento– en los bajos de El Molinón el 8 de septiembre de 2019. La Audiencia Provincial ordenó el mes pasado el archivo del caso, tal y como pidieron la Fiscalía y las defensas, decisión que la familia va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, según confirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA su abogado Marcos García Montes.

“No pedimos más que lo que nos corresponde como ciudadanos españoles: un juicio para aclarar los hechos y que se haga justicia”, afirmó en la concentración Antonio Romero, tío de Eleazar que incidió en el hecho de que la Audiencia Provincial decidiera el sobreseimiento de la causa “pese a que la titular del Juzgado número dos de Gijón estaba por la apertura de juicio al apreciar indicios claros de criminalidad”. “No entendemos que uno lo vea y otro no lo vea”, subrayó el familiar de Eleazar, para quien “este círculo solo se podrá cerrar cuando los acusados se sienten en el banquillo”.

Los hechos

Eleazar García, de etnia gitana, estaba el 8 de septiembre de 2019 a El Molinón para asistir al partido entre España y las Islas Feroe. En un momento dado, se alejó de su padre y salió del estadio. Poco después, trató de regresar. “Balbuceando”, explicó a los porteros que quería ir con su progenitor, pero no tenía la entrada ni tampoco pudo aportar su número de teléfono. Acto seguido, aprovechó un despiste de los guardias para colarse, pero uno de los vigilantes le interceptó. Varios compañeros de seguridad procedieron a inmovilizarle hasta la llegada de los agentes de la Policía Local. Eleazar fue trasladado al centro de salud El Parque-Somió, a la espera de que el médico de guardia le examinase. Poco después, comenzó a convulsionar y entró en parada cardiopulmonar hasta que falleció.

La magistrada que se hizo cargo de la instrucción aportó indicios de que la actuación de los policías y vigilantes podría haber sido constitutiva de delito, por lo que decidió elevar el caso a juicio, pese a que el Ministerio Fiscal no veía indicios para acusar a los investigados por la muerte del joven. La familia atribuye a los vigilantes de seguridad los delitos de homicidio imprudente y un delito contra la integridad moral. En total, seis años de cárcel. Esos mismos cargos los dirigieron contra los cinco agentes de la Policía Local, añadiendo también el de detención ilegal por el que añadían otros seis años de cárcel. Sin embargo, la Audiencia decidió el sobreseimiento del caso al entender que se trató de una muerte por causas naturales.

Esa decisión ha indignado a los familiares y amigos del joven fallecido, que, cuando menos, esperaban la celebración de un juicio que tratarán de lograr ahora con el recurso en el Constitucional.

Además de en Gijón, ayer hubo concentraciones para reclamar un juicio en Oviedo y Pola de Siero. La familia del joven advierte de que –“desde la mesura, la serenidad y la mesura”– no cejará en su empeño de que “se haga justicia”.