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La devolución del salario social afecta ya a 1.735 gijoneses que optaron por el ingreso mínimo

Foro eleva el impacto final a unas 4.500 familias y alerta de la incidencia del cambio de prestación entre beneficiarios del plan de ayudas a compras

La Gota de Leche, sede de los Servicios Sociales de Gijón. Marcos León

La cifra de 1.735 es la cifra de partida de gijoneses perceptores del salario social básico del Principado que van a pasar a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV) y ante la retroactividad de esa nueva prestación del Estado al uno de junio de 2020 tendrán que devolver lo ya cobrado de la autonomía durante los meses de coincidencia de ambos abonos. Ese es el número de afectados que dio ayer en comisión la edil de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, en base al registro de perceptores de salario social que formalizaron la autorización para pasar al ingreso mínimo vital y cuyos datos están siendo ahora certificados desde la consejería de Derechos Sociales del Principado ante el Ministerio de Seguridad Social.

González recordó que hasta completar la cifra total de familias gijonesas que reciben el salario social hay otros 4.450 perceptores con casuísticas muy distintas. Entre ellos posibles solicitantes del ingreso mínimo vital e incluso quienes lo hayan podido recibir de oficio. La concejala gijonesa, y presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, está a la espera de recibir el dato oficial de gijoneses que cuentan con el ingreso mínimo vital.

Natalia González no sólo presentó los números ante los grupos municipales. También trasladó la fórmula en la que trabaja Asturias para evitar que esa retroactividad del ingreso mínimo vital suponga un duro golpe al bolsillo de estas familias, incluso imposible de asumir, por la obligación de devolver lo cobrado. La propuesta es que haya una compensación entre administraciones que minimice el impacto directo sobre la persona beneficiaria.

Una vez aprobado el IMV, el beneficiario recibiría como atrasos esa diferencia a mayores entre lo cobrado por el salario social y lo que le correspondía con el ingreso mínimo durante esos meses de coincidencia. El resto del dinero ya se la devolvería de manera directa el Estado al Principado. Se entiende que es una fórmula mucho más efectiva que la alternativa de recibir todo el dinero del IMV y que el Principado reclame, también a la vez, todo el salario social percibido esos meses. Aunque sin competencias en este ámbito, Servicios Sociales del Ayuntamiento está aconsejando a los afectados que comuniquen esa situación de doble cobro desde el primer momento para que no se vean perjudicados con el correr de los plazos ante posibles demoras de las administraciones.

Pelayo Barcia, edil de Foro, calcula que esas 1.735 personas estarían obligadas a devolver alrededor de 3.000 euros al Principado y eleva a entre 4.000 y 4.500 la cifra de afectados en la ciudad en base a un estudio que fija que hay 14.000 familias asturianas en esa situación. Barcia va más allá al vincular esa situación al programa municipal “Mi barrio”, el proyecto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de ayuda a familias con bajas recursos para hacer compras financiado con dinero del antiguo programa de la renta social. “Es probable que dentro de esas 4.000 familias gijonesas haya 550, la mita de los beneficiarios de "Mi barrio", que adicionalmente deban devolver lo ingresado por este programa, entre 750 y 1.000 euros. En total puede que hay alguno caso de devoluciones superiores a los 4.000 euros”.

El edil forista critica el caos organizativo del IMV, la mala coordinación con las comunidades autónomas y la mala gestión del programa municipal. A partir de esa reflexión plantea, “en el caso de Gijón la vuelta a la tarjeta prepago que hacia imposible este tipo de situaciones y, en el caso autonómico, que exista coordinación con el Ministerio de la Seguridad Social. El programa de renta social que puso en marcha el Gobierno de Foro y que Ana González desmanteló por sectarismo evitaba estos problemas, que son muy serios”.

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