Los letrados pertenecientes al Colegio de la Abogacía de Gijón podrán comunicarse con sus clientes en prisión mediante videoconferencias, gracias a un convenio suscrito a nivel estatal por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española. Benigno Villarejo, decano del Colegio gijonés, avanzó ayer que en la próxima junta de gobierno de la entidad propondrá la adhesión a la iniciativa. “Ya hemos iniciado el estudio para sumarnos lo más pronto que se pueda”, explica Villarejo, para quien este sistema telemático supondrá una “buena herramienta, siempre y cuando se cumpla la confidencialidad de la entrevista”.
Villarejo aclara que los abogados no podrán acceder a estas videoconferecias desde sus respectivos despachos, sino que tendrán que hacerlo desde la sede del Colegio. Por ello, el decano estima que muy probablemente será necesario ejecutar alguna obra para adecuar las instalaciones al sistema. Se trata de una iniciativa que Villarejo llevaba en el programa electoral con el que accedió al cargo y que ahora se hace efectivo a escala nacional.
El objetivo de este convenio es “favorecer la garantía de la defensa y la protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas”, según detalla Instituciones Penitenciarias. De este modo, el sistema de comunicación por videoconferencia conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con los centros penitenciarios dependientes de la administración estatal. El gobierno central se compromete a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones, entre ellas la asturiana de Villabona, para que este tipo de entrevistas “se realicen en las condiciones que marca la ley y con las debidas garantías de confidencialidad”.
Por su lado, y en virtud del convenio al que se va a sumar en cuanto sea posible el Colegio de Gijón, el Consejo General de la Abogacía se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en sus dependencias. El acuerdo incluye un protocolo de uso del sistema para que quede garantizado el carácter complementario y no sustitutivo de las entrevistas presenciales entre letrados y presos, que seguirán siendo la base fundamental de las defensas.
El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019 en Málaga para la teleasistencia jurídica de los reclusos en Alhaurín de la Torre y Archidona. Tras el éxito de esas experiencias, el año pasado el sistema se extendió a Alcalá-Meco y a Soto del Real, ambas en Madrid.
