Un hombre que impartía talleres infantiles en una finca de Vega fue ayer apartado de su labor debido a que fue condenado por haber abusado sexualmente de cinco niñas en 2003. La sentencia le llevó siete años y medio a la cárcel y le supuso tres de inhabilitación para realizar cualquier actividad que implicase el contacto directo con menores, por lo que se saldó hace casi una década, pero por ello sus datos siguen vigentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. La entidad con la que trabajaba, la Asociación Parados y Precarios de Asturias, aseguró ayer no haber tenido constancia del pasado de este individuo, si bien reconoció no haberle solicitado el certificado que descartase su presencia en ese registro, algo a lo que obliga la ley. “No sabíamos que había que pedirlo. En cuanto hemos conocido los hechos lo hemos apartado por completo de la asociación sin mediar palabra. No lo queremos aquí”, aseguró Segundo Álvarez, presidente de la agrupación.
F. J. F. V., que tiene ahora 62 años, fue condenado con 44 tras admitir un delito de abusos sexuales contra cinco niñas, a las que convencía para posar ante él en posiciones comprometidas y con ropa no adecuada para su edad con la excusa de hacerles un “casting” para grabar películas. Al reconocer los hechos, llegó a un acuerdo con la acusación para evitar celebrar un juicio que habría obligado a declarar, y por tanto a rememorar otra vez lo ocurrido, a las víctimas. En 1989 había sido denunciado verbalmente por hechos similares. Y, sin embargo, llevaba “bastante tiempo”, según reconoce la propia asociación, participando en el proyecto Molín de la Vega, impulsado por el colectivo y que se centra en la horticultura.
“Empezamos así, con los huertos, y luego surgió la posibilidad de que se pudiese usar el espacio para hacer talleres con niños, para que los socios les ensañasen lo que plantaban y cómo se hacía”, razonó Álvarez, que asume su parte de responsabilidad. “En la directiva no teníamos ni idea de la historia de este señor, es verdad que al trabajar con desempleados y gente en apuros no somos muy de hacer preguntas personales. Pero es que tampoco sabíamos que había que pedir esos certificados. Nosotros nos dedicábamos a la huerta”, argumentó el presidente, que reconoce que el individuo “llevaba bastante tiempo” vinculado al grupo, casi desde sus inicios.
El condenado figura en vídeos y fotografías en redes participando activamente e impartiendo talleres con un público infantil. Muchos estaban vinculados a una empresa externa que tampoco sabía nada de su pasado, según le aclaró a la asociación. Álvarez autorizó ayer cerrar al menos temporalmente la web del proyecto en Vega. Y el implicado, que fue reconocido por la madre de uno de los pequeños adscritos al taller, ya no trabaja en la asociación y ha sido expulsado como socio.
Ana González, alcaldesa de Gijón, arremetió ayer contra la Asociación de Parados y Precarios. “Quienes lo organizan sabían que estaban contando con un condenado por delitos sexuales y se olvidaron de cuidar a los niños. Me parece terrible, es una actividad que no organiza el Ayuntamiento, pero que sí organiza una organización cercana a la política, al sindicalismo. Y esto lo hace aún más grave. Demuestra que por un lado va el discurso y por otro la realidad”, criticó.
Estas declaraciones obligaron a salir a la palestra al sindicato CSI, que reconoció que, si bien “es bien sabido” que colabora con la asociación implicada “de manera estrecha”, el sindicato y la asociación “son dos cosas diferentes”, con estatutos y directivas distintas. “Hemos solicitado una reunión con dicha asociación y actuaremos en consecuencia. No queremos criminalizar a todo un colectivo por la actuación de una sola persona”, alegó el sindicato en su comunicado, en el que muestra su “absoluta condena” a lo sucedido. “La asociación nos ha informado de que desconocían los hechos a nivel de su directiva”, añadió.
"Tiene derecho a la reinserción, pero no con niños", dicen los expertos
“No me lo puedo creer. Este caso lo llevamos nosotras hace muchísimos años y él mismo reconoció los hechos”, Mariti Pereira, del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym), recuerda todavía la condena por abuso sexual infantil al monitor infantil que ha sido ahora apartado de la Asociación Parados y Precarios de Asturias por impartir, precisamente, talleres a niños en una finca de Vega. Entiende que el “gran fallo” de la agrupación fue no solicitar el certificado negativo que acreditase que el trabajador no tenía antecedentes por este tipo de delitos. “Todo el mundo tiene derecho a la reinserción, pero si has sido condenado por algo así, no se te puede contratar para trabajar con menores. Es un gran riesgo. Una madre dio la voz de alarma al reconocerle”, asegura.
Lo cierto es que el Registro Central de Delincuentes Sexuales no es muy conocido fuera de agrupaciones que se dedican a trabajar con menores. Se aprobó su creación en 2015, y explica el experto penalista Javier Merino que, en casos en los que un mayor de edad es condenado por agredir a un menor, los datos de este individuo deben aparecer en la base de datos durante 30 años desde el fin de la condena. El pasado del monitor de Vega, por lo tanto, sigue plenamente vigente en el ámbito administrativo. Por esa ley, ahonda Merino, “el empleado está obligado a entregar un certificado que informe de si figura en ese registro”, así que la entidad empleadora “debe interesarse” por su entrega. La ley que afecta el voluntariado también cita expresamente esta obligación. “Así que incluso si estos talleres en la asociación fueron más bien informales, que es lo que parece, el caso es el mismo. Y no conocer la ley no te exime de deber cumplirla. Podría haber consecuencias penales en caso de detectarse otro delito”, recuerda el letrado. La asociación, por su parte, asegura “no tener constancia alguna” de que el condenado se hubiese comportado de manera extraña con los niños de Vega.
