La situación que se está viviendo en el colegio Santa Olaya, en el que las familias llevan más de un mes protestando por la falta de apoyos para un escolar con necesidades educativas y los consecuentes problemas de convivencia que se generan, podría suponer “una vulneración de los derechos de la infancia”, sin que “hasta el momento ningún organismo responsable haya ayudado a la comunidad educativa a buscar una solución”. Eso dijo ayer la Federación de AMPAS de centros públicos (FAPAS) de Gijón, que puso de manifiesto la “inacción incomprensible” de la Consejería de Educación ante unos hechos que dejan patente que “el profesorado está totalmente desbordado” para ejercer sus labores si no se les presta apoyo con los profesionales adecuados.

Representantes de FAPAS, la edil de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez y familias afectadas protagonizaron una nueva protesta en el centro y un paro de media hora para dejar patente su descontento por la falta de ayudas, después de que el pasado jueves se viviera un nuevo episodio violento en el aula, con la intervención de dos dotaciones de la Policía Local para controlar la situación.

La Federación de AMPAS exigió de nuevo que “se dote a los centros con los medios humanos y materiales necesarios y adecuados para poder solventar los problemas diarios que suceden en las aulas”, habida cuenta de que “la diversidad en las aulas es patente”, y de que los docentes “están totalmente desbordados para llevar a cabo la tarea de educar en todos los ámbitos, y precisamente por eso existe la figura del especialista”.

FAPAS recalca que el niño con necesidades educativas especiales “llegó al Santa Olaya desde otro centro de la ciudad, donde también sufrió problemas similares”. “La solución no es ir rebotando de centro en centro sino dotarle de los medios necesarios para ello de una forma estable, porque son alumnos que precisan de una continuidad en el apoyo de referencia”, indica.

Así las cosas, las familias han redoblado la presión sobre la Consejería, que entiende a su vez que con el personal docente actual es bastante para prestar una correcta atención al niño.

“Todos sabemos que no es así y a los hechos nos remitimos: el alumno ha protagonizado dos episodios violentos con lanzamiento de mobiliario y la intervención de la policía, el resto de niños están aterrorizados y algunos de ellos en atención médica por estos hechos”, recalcaban ayer en la manifestación, con pancartas y el apoyo de la FAPAS. La reivindicación es la misma: que el Principado tome cartas en el asunto “de una vez por todas”, con un profesional de pedagogía terapéutica a tiempo completo o la intervención de educadores sociales.

“Los problemas de conducta no son tratados tiempo van siempre en perjuicio del propio menor y de los demás compañeros, que se ven obligados a no ser atendidos académicamente ni emocionalmente de forma correcta, como dictan las leyes de protección al menor”, clama la Federación de AMPAS.

Las familias afectadas seguirán con las movilizaciones hasta que se tomen medidas, porque llegar a fin de curso puede convertirse en un reto “muy complicado”, dado el nivel de estrés en el aula desde hace semanas, y sin visos de que la situación mejore “si no se actúa de forma contundente y rápida”, porque “las escuelas deben ser lugares seguros que faciliten el desarrollo integral de los niños”, recalcó la edil de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez.