Los dos empresarios gijoneses, padre e hijo, acusados de estafar de forma continuada a una firma siderúrgica defendieron esta mañana su inocencia, negando los cargos que les atribuye la Fiscalía y por los que afrontan dos años y medio de cárcel cada uno de ellos. “Nunca en 51 años de profesión he tenido ningún problema de este tipo”, explicó el procesado de mayor edad, ya jubilado.

Los dos acusados optaron esta mañana por responder exclusivamente a las preguntas del fiscal y de su abogado defensor, pero no a las de la acusación particular, que ejerce la empresa supuestamente estafada. Según la Fiscalía, los dos acusados contrajeron con su empresa una deuda por impagos de pedidos de los dos años anteriores a 2016 que ascendía a 123.628 euros, consecuencia de la adquisición de chapas y piezas oxicortadas a la firma siderúrgica. Esos impagos motivaron el cese de las relaciones comerciales entre una y otra empresa.

Luego, la situación de la empresa de los acusados “abocó en el año 2017 a un concurso de acreedores, pues no disponía de activo, situación que motivo igualmente el impago a trabajadores, cuya reclamación dio lugar a varios juicios en distintos juzgados de lo social de Gijón”, según expone la Fiscalía. Además, los acusados, “de común acuerdo y con ánimo de defraudar” propusieron a la siderúrgica librar cuatro pagarés por importe de 30.907,19 euros cada uno, interviniendo como avalista el acusado de mayor edad, “generando así una falsa apariencia de restauración de la normalidad económica y compromiso de pago, ajena a la realidad, que dio lugar al restablecimiento de la relación comercial”. “Había poca liquidez, pero pensamos siempre en pagar”, explicó esta mañana el procesado de menor edad.  

A raíz de la emisión de estos pagarés, la empresa de los procesados realizó tres pedidos en fechas 21 y 29 de marzo de 2016 y 31 de mayo de 2016, que fueron atendidos por la empresa siderúrgica. Estos tres pedidos ascendían a 5.141,30 euros, 1.575,42 euros y 275,88 euros, respectivamente, y fueron abonados, “dando así la pretendida apariencia de que igualmente iban a pagar los pagarés”. Pero esos pagarés no llegaron nunca a ser atendidos, “generando gastos por devolución por importes de 1.870,35 euros, 1.236,29 euros y 1.393,77 euros y, pese a las acciones legales iniciadas por la empresa siderúrgica para conseguir su pago, no fueron satisfechos”. “Los acusados eran conscientes en el momento de la emisión de los pagarés de que no iban a hacer frente al pago, lo que provocó un empeoramiento de la situación financiera de la empresa siderúrgica, con dificultad para atender pagos”, según la Fiscalía. “Tengo un patrimonio muy superior a las deudas que tengo, pero llevo intentando vender naves y terrenos 10 o 12 años; el Plan General de Ordenación (PGO) ha cambiado varias veces, y ahora es cuando se puede ofrecer y vender”, justificó el acusado de mayor edad.