Aliviados y esperanzados. Así se mostraban ayer los padres del colegio Santa Olaya de Gijón que llevan dos meses encadenando protestas por la falta de recursos para los alumnos con necesidades especiales en su centro. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condena a Educación por no respetar el derecho a una educación inclusiva de los alumnos con necesidades abre la puerta a que “de una vez por todas se nos escuche”, recalcan las familias, que primero protagonizaron dos semanas de “huelga” sin mandar a sus hijos de quinto de Primaria a clase y ahora organizan paros de media hora cada semana.
La sentencia anula las instrucciones de la consejera para este curso en lo que se refiere a las horas de personal docente dedicado a los alumnos con necesidades especiales, y es ahí donde los gijoneses se agarran como aun clavo ardiendo, puesto que los problemas que padecen este curso vienen derivados del recorte de horas de los especialistas en pedagogía terapéutica. Una merma de recursos que ha devenido en que el personal docente ordinario tiene que asumir la atención a un alumno que el curso anterior sí tenía estos apoyos a tiempo completo. El resultado han sido varios episodios de altercados en las aulas que han obligado a la Policía a intervenir en dos ocasiones para controlar al menor, con muchos de los compañeros de aula a tratamiento por ansiedad.
Las familias tienen claro que “se están vulnerando los derechos de los niños”, tanto del alumno con necesidades especiales, que “necesita de personal específico para una inclusión normal en el aula”, como del resto de alumnos que ven afectado el desarrollo normal de las clases. “Confiamos en que Educación no tendrá más remedio que dar marcha atrás, porque ya no solo somos nosotros los que clamamos”, razonan. Ciudadanos y Foro ya han exigido al Principado y el Ayuntamiento de Gijón que tomen cartas urgentes en el asunto.
