La gestión de las ayudas del programa municipal “Mi Barrio”, el plan para repartir entre 700 y 1.200 euros a familias en situación de vulnerabilidad para hacer compras en los comercios de proximidad, ha levantado una polvareda entre la oposición y los propios comerciantes, que ven cómo esas aportaciones municipales se han desvirtuado y “no llegan a su destino”. “Es un desastre”, resumen, y no faltan voces que reclaman “explicaciones públicas a lo que está sucediendo”.
Las críticas que llegan desde varios comerciantes están en que el dinero se ingresa en la cuenta bancaria de los beneficiarios, y a muchos les ha pasado que tenían descubiertos en la cuenta y el banco se ha quedado con ese dinero sin haber llegado a gastarlo. “Alguien debería explicar cómo una ayuda puede llegar a convertirse en una deuda”, reclama Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, quien advierte que “las personas que reciben una ayuda deben justificarla porque de lo contrario se les puede exigir que la devuelvan; sólo faltaba que tuvieran que pedir un crédito para ello”. Para Menéndez no se trata tanto de que las ayudas no reviertan en los comercios como de que “estamos hablando de personas vulnerables que descubren que se han quedado sin fondos; comercios hay de sobra y de todo tipo”, defiende, antes de recordar que “nunca antes pasó esto; si se hubieran habilitado tarjetas monedero no habría problema”.
Su preocupación es compartida por los grupos políticos, como por ejemplo Ciudadanos, que advierten de que “Mi Barrio” se limita a ayudas aisladas y “no sólo no ha mejorado este aspecto, sino que se ha mostrado ineficaz tanto para cubrir las necesidades de sus beneficiarios como para la reactivación del comercio local, más necesitado que entonces por las consecuencias de la pandemia”. La edil Mara Simal alerta de las consecuencias que para algunos beneficiarios pueda tener el hecho de que el dinero haya terminado en manos de sus entidades bancarias, “ya que supone un incumplimiento de las condiciones del programa, y debería solventarse para no agravar aún más la situación de vulnerabilidad”.
Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, resalta que la forma en que se optó para gestionar estas ayudas por falta de tiempo “claramente necesita de soluciones”. Recuerda que “ya hemos hablado con el gobierno para ver medidas para que el dinero se utilice para los fines entregados, la primera sin duda es la de ampliar la fecha de utilización y por nuestra parte estamos pensando en otras posibles medidas para mejorar el programa”. ¿Un ejemplo? “Las tarjetas precargadas que habían funcionado bien hasta la fecha”.
El forista Pelayo Barcia recuerda que “llevamos desde el primer minuto denunciando este asunto y no nos han hecho caso”. En enero, a los pocos días de ponerse en marcha el programa,” ya registramos la primera incidencia en una comisión sobre un descubierto bancario de un beneficiario, y tampoco nos hicieron caso, dijeron que era un caso aislado”, algo que parece haberse convertido, en cambio, en un problema generalizado. “Está más que probado que la intención de la concejala es cargarse esta ayuda para dinamitar su acuerdo con Podemos y, sobre todo, porque es un programa que en cierto modo viene heredado del mandato anterior donde gobernaba Foro, esa es la razón por la que se niegan a modificarlo, quieren hundirlo”, razona.
Desde el PP se eleva el tono, y mientras la edil Ángeles Fernández- Ahúja exige explicaciones y “si se van a prorrogar en el tiempo y con qué condiciones”, el presidente del partido en Gijón, Pablo González, no duda en calificar las ayudas como “una chapuza y un escándalo”. “Un millón de euros destinados a familias con serios problemas económicos y al comercio de proximidad no pueden acabar arreglando las cuentas de los bancos”, advierte. “Si finalmente se comprueba que los servicios sociales de Gijón no están capacitados para ayudar a los vecinos que más lo necesitan, deberían de renunciar a parte de sus competencias”, subraya. Y añade que “si se confirma el escándalo, el responsable debe dimitir”.
Eladio de la Concha, edil de Vox, recalca por su parte que el modelo de gestión diseñado por el Ayuntamiento para distribuir las ayudas “ha fracasado”, dado que “las ayudas no estaban pensadas para que el dinero se lo quedasen los bancos u otras empresas con los que los beneficiarios tuviesen deudas”.
La edil de Bienestar Social, Natalia González, apunta por su parte que han contactado ya con más de la mitad de los beneficiarios para saber cuál es su caso particular. Por el momento, dice el gobierno, los motivos son varios, “desde que no hay comercios de alimentación suficientes, hasta que los comercios adheridos al programa no se ajustan a sus necesidades o no son comercios donde compren habitualmente”. “Las cantidades recibidas en concepto de esta ayuda son inembargables, eso es un hecho, otra cosa es que haya descubiertos en las cuentas y ahí sí que ese dinero se va a pagar ese descubierto”, reconoce González. El 1 de mayo se les enviará un mensaje para advertirles de que les queda un mes para gastarlo, si bien se estudia ampliar el plazo e incluir a más comercios en el plan.
