La abogada gijonesa Leticia de la Hoz Calvo, socia fundadora de la Asociación Infancia Robada, integrada por víctimas de abusos sexuales, ha sido impulsora de varios puntos incluidos en el proyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ella fue una de las ponentes en el Congreso para dar forma a una normativa, ahora en tramitación en el Senado, “que hacía mucha falta” y que deja sentadas las bases para la protección de los menores en múltiples facetas: desde el abuso sexual hasta el acoso en redes sociales o la utilización de los niños en los procesos de divorcio de los padres. “Es una muy buena ley”, afirma satisfecha.
–¿Por qué se ha tardado tanto en tener una ley como esta?
–No podemos olvidar que los delitos de abuso sexual antes no eran fáciles de denunciar, siempre habían quedado en la intimidad y a quienes los sufrían les daba hasta vergüenza denunciar. Las víctimas de abuso sexual y acoso estaban muy desprotegidas en ese sentido. Y muchas cuestiones de la protección de la infancia son fruto de la legislación internacional y de un cambio de conciencia mundial.
–¿Cuáles son los grandes hitos de la ley?
–El primero es la prescripción de los delitos de abuso: eran plazos muy pequeños y empezaban a contar desde los 18 años, con lo que muchas veces teníamos que meter las querellas aprisa y corriendo, y la víctima ni siquiera estaba lista para contarlo. En casos en los que los abusos vienen de sus ámbitos de confianza, como profesores o sacerdotes, los menores ni siquiera saben que lo que les está pasando está mal. Ahora el plazo de prescripción empieza a contar cuando la víctima tiene 35 años, cuando ha alcanzado la madurez, con lo que los delitos graves podrían llegar a prescribir cuando tengan 50 años. Estamos muy satisfechos porque se juzgarán más delitos.
–¿Por qué es importante reconocer la prueba preconstituida?
–La víctima ya sólo tendrá que declarar una vez, dado que hoy en día con los medios tecnológicos disponibles se puede grabar y así evitamos que esa persona tenga que relatar los mismos hechos hasta tres y cuatro veces ante personas diferentes. Nosotros solicitamos que se grabe en fase de instrucción con todas las garantías, y si en la declaración está presente el juez, el ministerio fiscal, la defensa y la acusación, no entendíamos por qué las víctimas debían relatar otra vez lo mismo ante el equipo psicosocial. Para ellos es un trago muy duro, los delitos sexuales son muy íntimos y no había necesidad de que repitieran su relato. Porque cada vez que se le cuestiona tanto, se la está reutilizando.
–¿Qué más aspectos se deberían incluir en la ley?
–Exigimos que se les atribuyera la condición de víctimas desde el momento en que así lo reconozcan los informes médicos, de cara a trámites administrativos como por ejemplo el acceso a la Universidad. Hay determinadas plazas reservadas para huérfanos o víctimas de violencia doméstica, y sin embargo no las hay para víctimas de abusos sexuales. También la protección posterior de la víctima, porque estos delitos incapacitan incluso para la vida laboral, no pueden continuar con sus estudios o tienen dificultades de relación social. Entendemos que necesitan una ayuda para incorporarse a la sociedad el día de después.
–¿Cómo se prevé actuar en materia de prevención?
–Pedimos un paralelismo con la vida económica de las sociedades: a las personas jurídicas se les pide responsabilidad penal, y a las empresas se les impone un protocolo de prevención de los delitos. Echábamos en falta eso para los menores, y se ha conseguido con esta ley: se crean figuras como el delegado de protección del deporte, el coordinador de bienestar y protección en los ámbitos escolares y trabajadores sociales sanitarios, y se establece una serie de protocolos de prevención y actuación que se van a exigir a todos los profesionales que estén en contacto con menores. Además, irá acompañado de formación específica. Y en ello se incluyen también los jueces y fiscales de menores: hay que tener unos conocimientos para saber abordar a los menores y que te cuenten lo que ha pasado, en lugar de que se replieguen en ellos mismos. Y también se crean unidades especializadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
–La utilización de los menores en los procesos de divorcio está a la orden del día y se ha mediatizado mucho últimamente. ¿Cómo los protege la ley?
–Lo fundamental ahora es la prohibición del síndrome de alienación parental, que no se podrá utilizar en los procedimientos de custodia porque no está reconocido por la OMS. Además, ahora se va a tener más en cuenta la opinión del menor.
–¿Pesa la conciencia social?
–Ha sido fundamental para que la ley haya salido adelante y con cuestiones tan importantes como que se elimine el perdón de la víctima y se considere un delito público. O que haya penas mayores por promover la incitación al suicidio de los menores y el acoso a través de Internet, que ha avanzado muchísimo. Y es muy importante la inhabilitación de los condenados por estos delitos para trabajar con menores, creando un registro central de información.
