Una revisión de los valores catastrales perjudicaría a la mayoría de los propietarios, los que cuentan sólo con su vivienda habitual, defendió ayer el gobierno local durante la comisión de Hacienda, al considerar que sería previsiblemente al alza, afectando al IBI. Los grupos municipales de Podemos-Equo y el PP preguntaron en la comisión a la edil de Hacienda, Marina Pineda, a raíz de la información de LA NUEVA ESPAÑA de que este año los dueños de segundas viviendas no alquiladas, de trasteros y garajes desligados de la vivienda habitual y de locales sin actividad, tributarán más en el IRPF de 2020 al no haberse efectuado una revisión general de los valores catastrales desde hace más de diez años (pasan de pagar el 1,1% al 2%).
El gobierno local informó de que el pasado julio se celebró un encuentro entre responsables municipales y del Catastro, en el que se acordó la revisión parcial de los valores catastrales, tras la aprobación del nuevo PGO. En 2014 ya se había aplicado una reducción general del 22% en los valores catastrales tras el pinchazo inmobiliario. A partir de junio, el Ayuntamiento espera contar con un análisis de datos más avanzado.
El Ayuntamiento sostiene que la revisión sólo procede cuando se aprecie la existencia de diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para los que figuran en el Catastro, habiendo llegado a la conclusión en la reunión mantenida en julio con el gerente del Catastro que no es el caso de Gijón debido a la reducción lineal de 2014. Por ello, el gobierno local afirma que “los únicos beneficiarios por una revisión son los grandes tenedores de vivienda” debido a la rebaja de tributación en el IRPF, para segundas viviendas sin alquilar, mientras que los que tienen sólo su vivienda habitual se verían “castigados” por una revisión que se traduciría en un aumento del IBI, según el Ayuntamiento.
Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda, de quien depende el Catastro, se aclaró ayer que “no hay una obligación legal de revisar los valores catastrales a los diez años de su determinación. Las revisiones de valores catastrales se hacen a solicitud del Ayuntamiento correspondiente, una vez han transcurrido al menos cinco años, y sin límite máximo de tiempo. En el caso de Gijón, no se ha producido esa solicitud”. Otra cosa es la imputación de rentas a efectos del IRPF, donde se tiene en cuenta el plazo de diez años.
Los planes de inversión con el préstamo de 20 millones, aprobados sin ningún voto en contra
El equipo de gobierno sacó ayer adelante sin problemas en la comisión de Hacienda, lo que hace pensar que pasará lo mismo hoy en el Pleno, tres nuevas modificaciones presupuestarias. La más importante, por su repercusión en la ciudad, la de 20 millones en inversiones a partir de un préstamo bancario. Préstamo que la Junta de Gobierno adjudicó ayer mismo a Caja Rural de Asturias por un tipo de interés del euribor más el 0,14 y un plazo máximo de amortización de diez años. La modificación para inversiones, que incluye las transferencias a las comunidades de vecinos para el arreglo de fachadas y barrios degradados, tuvo el apoyo de los dos socios de gobierno, PSOE e IU, y de Ciudadanos desde la oposición. El resto de los grupos optaron por la abstención. Tampoco hubo problemas con la modificación que ajusta 28, 3 millones entre diferentes epígrafes de los préstamos que tiene el Ayuntamiento. Podemos se abstuvo y el resto de los grupos votaron a favor. Y hubo unanimidad en una modificación de menos de 300.000 euros en el presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. También fue unánime el apoyo al convenio con el ente tributario para la recaudación de impuestos.
