El praviano Juan José Iglesias (1971) cumple ahora seis meses al frente de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Gijón. Una organización sindical con 9.200 afiliados y uno de los cuatro socios del pacto de concertación “Gijón reinicia”, a través del que Ayuntamientos y agentes sociales intentan activar una economía duramente castigada por la pandemia.
–¿Qué ha decidido la concertación que toca ahora para apoyar la economía y el empleo?
–Ahora mismo estamos trabajando en el bloque de ayudas a la hostelería sin terraza, las agencias de viajes, gimnasios, feriantes y pequeños comercios dentro de los centros comerciales. Son 1,2 millones. Pero además de las ayudas directas tenemos los bonos. Unos de promoción turística y otros para el consumo. A los primeros van 400.000 euros y a los otros, un millón.
–Hubo un primer bloque de ayudas directas de cinco millones. Ni las peticiones llegaron a ese dinero ni las ayudas con la rapidez que se espera. ¿Cómo se cambia esa dinámica?
–Estamos insistiendo en que las ayudas tienen que llegar cuanto antes. No es admisible que pasen meses sin que estén encima de la mesa. Ahora se hará con un sistema diferente que supone menos documentación. Además, las experiencias pasadas enseñan: será lo más ágil posible.
–La Alcaldesa acaba de presentar las ideas de Gijón para los fondos europeos de reconstrucción. ¿Convencen a UGT apuestas como la del hidrógeno?
–El hidrógeno tiene futuro, sí, pero no a corto plazo. Y menos el hidrógeno verde. Aquí hay un polo de actividad importante que es el Puerto y no hay por dónde salir. No es que sea urgente, es que es imprescindible, hacer la carretera a El Musel y la conexión con la Zalia. Cualquier plan industrial pasa por ahí. Y hay otras cuestiones que más que de dinero son de actitud.
–¿Por ejemplo?
–Los grupos municipales deben apostar de forma decidida por que la industria de esta ciudad se adapte lo más rápido posible a la Agenda 2030, y en especial nuestra siderurgia. Si en diez años años no tenemos el visado de acero verde, el futuro es nefasto. Es básico desde el punto de vista del mantenimiento de la empresa y del empleo, pero también de la calidad ambiental de la zona oeste.
–¿Y todos esos fondos para rehabilitación de barrios y edificios?
–Todo lo planteado nos parece bien, pero si no se agilizan las licencias tenemos un problema. Ahora mismo tenemos conocimiento por nuestros afiliados en empresas de construcción de que se está al borde de ir a un ERTE porque las licencias no fluyen. Eso es un problema para las empresas, para los trabajadores y para las comunidades de vecinos que tienen una subvención pública y pueden perder ese dinero. El retraso en la tramitación de licencias lleva a pérdidas económicas y de empleo.
–¿Ese plan industrial que piden supone modernizar las industrias tradicionales?
–Es obligado que la industria mude a esa industria 4.0 con medios tecnológicos que mejoran la producción. Algo que representa un reto sindical importante porque significará una minoración de puestos de trabajo y para eso habrá que llegar a un acuerdo social.
–¿Los sindicatos de toda la vida no consiguen llegar a los nuevos trabajadores?
–Es verdad que, en muchos casos, estamos aún anclados en el pasado y eso tenemos que cambiarlo. Luchamos por llegar a unos trabajadores con unas nuevas necesidades, pero no es fácil.
–Por ejemplo, ¿qué presencia tiene UGT en el Parque Tecnológico?
–Desgraciadamente escasa, aunque ha subido durante la pandemia. La nueva clase trabajadora tiene problemas diferentes a la antigua, pero también está difundida, de manera interesada, la creencia de que los derechos que tienen son inamovibles. Y no es así. La gente tiene que pensar que nada nos viene dado y nada es para siempre. Esa algo que se ve en el día a día, y ahora más.
–El problema con el paro entre los jóvenes es de una gravedad máxima. ¿Cómo se ataja?
–Mientras los gobiernos sigan quitando tanto las prejubilaciones como retrasando la jubilación estamos quitando puestos de trabajo a los jóvenes. De poco nos vale querer meter a los jóvenes cuando promocionamos más a los que ya pueden retirarse.
–Hay problemas tan viejos que parece que no tienen solución. Uno es la siniestralidad laboral.
–Parece mentira que, en pleno siglo XXI, llevemos registrados en los primeros cuatros meses de este año 106 muertos por accidente laboral a nivel nacional. Deberíamos meditarlo como sociedad. Da la impresión de que a la empresa le sale muy barato y a los estamentos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las normas no les importa nada. Hay un ejemplo claro en Gijón. Una empresa, Armón, en la que en ocho años se han perdido cuatro vidas y hubo innumerables accidentes y, por más que se ha denunciado desde UGT, nadie hace nada.
–Otro es la brecha salarial.
–Nosotros vemos bien la nueva normativa que se plantea para eliminar la brecha salarial, pero se establece para empresas con más de 50 trabajadores y nos gustaría que no hubiese ese límite. Que se tuviera que aplicar desde el primer trabajador.
–¿Cómo ven el incidente de Emtusa con la Hacienda Tributaria, que les exige pagar 1,5 millones del IVA de hace unos años?
–Nosotros ya expresamos en el consejo en 2017 nuestras dudas sobre el tema del IVA y desde la gestión de la empresa se nos dijo que estaba todo bien. Ahora mismo estamos expectantes para ver cómo se resuelve un problema importante para la viabilidad de la empresa.
–¿Alguna otra empresa de la ciudad que les preocupe?
–En la Ebhi los problemas son serios. Hay un recorte de descargas fruto de la descarbonización, de tal manera que básicamente les queda Arcelor. Hay un plan de viabilidad donde, entre otras cosas, se pide a los trabajadores la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Queremos tener disponible al trabajador y no pagarle. Y hasta ahí podemos llegar. No olvidemos que es una empresa en un cincuenta y pico por cierto pública.
