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Los acusados enmarcan en la acción sindical los escraches a la confitería La Suiza

La extrabajadora que denunció acoso sexual afirma ante el juez que el dueño ya quería cerrar antes el negocio

Un momento del juicio.

Un momento del juicio.

Los integrantes de CNT acusados por supuestos delitos de coacciones y contra la administración de Justicia, por los escraches en 2017 a los propietarios de la confitería La Suiza, actualmente cerrada, atribuyeron hoy a un ejercicio de acción sindical en defensa de los derechos de una trabajadora las protestas, en las que además de cuestiones estrictamente laborales, supuestamente también se había acusado al dueño de la confitería de un presunto delito de acoso sexual, una acusación que se difundió a través de las redes sociales desde alguno de los ordenadores del sindicato y sobre la que se publicó un vídeo en Internet, elaborado por un activista social que también se sienta en el banquillo en el juicio que comenzó hoy.

La denuncia del presunto delito de acoso sexual que interpuso posteriormente la trabajadora ha sido archivada y está pendiente del juicio penal que ahora se celebra, la resolución de la demanda en la jurisdicción social interpuesta por la antigua empleada de la confitería, negocio que fue al cierre, según la acusación particular, por la campaña de desprestigio promovida por el sindicato, mientras que su antigua empleada sostuvo hoy en el juicio que el dueño le había dicho que ya venía sopesando desde tiempo antes el cierre del negocio.

En el banquillo se sientan seis militantes de CNT, algunos de ellos con cargos orgánicos en la época de los hechos, la trabajadora que acudió a pedir apoyo al sindicato y el activista que grabó y difundió el vídeo por Internet.

La de hoy fue la primera de las cinco sesiones en las que se desarrollará el juicio, que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, en la que intervendrán testigos de ambas partes, entre ellos agentes de Policía, y peritos.

En su planteamiento inicial, la Fiscalía pide penas de dos años y medio de cárcel y 60.000 euros de indemnización. El juicio estaba previsto que se hubiera celebrado el pasado mes de enero, pero el positivo en coronavirus que dio uno de los acusados obligó a posponer la fecha de celebración.

Varias personas vinculadas al sindicato se manifestaron a las puertas del Palacio de Justicia durante la celebración de esta primera sesión del juicio, como apoyo a los procesados.

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