Los integrantes de CNT acusados por supuestos delitos de coacciones y contra la administración de Justicia por los escraches en 2017 al propietario de la confitería La Suiza (que según el fiscal buscaba forzarle a indemnizar a una trabajadora que no quería reincorporarse a su empleo tras una baja por maternidad y a retirar la denuncia interpuesta por el empresario contra la pareja de la empleada) vincularon ayer las protestas a una defensa de los derechos laborales de la empleada y negaron que las mismas buscasen obstruir la acción de la Justicia. Además, según dijeron, un exdirigente del sindicato que sí lo pidió en una reunión con el empresario, lo hizo “en la creencia de que eso era legal”.
En el banquillo se sientan la extrabajadora, seis militantes y antiguos cargos de CNT y un activista que grabó un vídeo y lo divulgó por Internet, en el que se recogían las acusaciones de supuesto acoso sexual que la empleada acabó denunciando, sin que dicha denuncia prosperara judicialmente. Los hechos se remontan a 2017 y la pastelería acabó cerrando, según el Fiscal y la acusación particular, por la campaña impulsada por el sindicato contra la misma, incluyendo las protestas frente al negocio con consignas sobre el hipotético acoso y las condiciones laborales en la misma; el reparto de pasquines, pancartas en la sede sindical, y otros medios de presión a través de las cuentas del sindicato en las redes sociales y del vídeo grabado por el activista. El fiscal pide dos años y ocho meses de cárcel para siete de los acusados y un año y dos meses para el octavo.
El juicio se desarrollará a lo largo de cinco sesiones. Ayer tuvo lugar la primera, con la declaración de los procesados. El activista que grabó el vídeo asumió que lo hizo a iniciativa propia, tras enterarse del conflicto en una conferencia que impartió en el sindicato. En cuanto a los demás, negaron que el objeto de las protestas fueran forzar al empresario a retirar la denuncia contra la pareja de la extrabajadora. Aquella denuncia fue interpuesta después de que este último causase desperfectos en la pastelería a raíz de que su compañera tuviese que ser trasladada a un centro sanitario, por riesgo de aborto, desde el trabajo.
Los miembros de CNT indicaron que consideraron veraz el supuesto acoso sexual manifestado por la extrabajadora, pese a que no lo había denunciado, tras acceder una dirigente del sindicato a un informe de su psicóloga, procediendo a borrar de Internet esas acusaciones cuando se lo requirió la autoridad. La extrabajadora por su parte mantuvo esa versión pese al revés en los tribunales al respecto e indicó que su antiguo jefe le había dicho que tenía intención de cerrar el negocio, antes de que cogiera la baja.
