Un hombre y una mujer se sentarán mañana jueves en el banquillo de los acusados para responder ante un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores por tener a trece mujeres empleadas en un club de alterne de la avenida de la Costa sin estar dadas de alta en la seguridad social. Ambos se enfrentan a una condena de dos años y medio de cárcel y al pago de una multa de 3.240 euros cada uno. El juicio se celebrará en la sección octava de la Audiencia, con sede en Gijón.
Los dos procesados, según explica el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, fueron descubiertos tras un registro policial de las instalaciones en enero de 2015. El establecimiento, dedicado a hostelería, copas y alterne, contaba con una mujer al frente de la gestión y administración, mientras que el otro acusado era el apoderado de la sociedad mercantil que explotaba el local, y que también “participaba activa y directamente en la gestión del negocio”. Fruto de esa inspección (llevada a cabo por el Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría de Gijón del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con funcionarios de la Delegación Provincial de la Inspección de Trabajo de Asturias), los agentes se encontraron a trece mujeres que se encontraban desempeñando “voluntariamente la actividad de alterne”, algunas de ellas, sostiene la Fiscalía, en situación irregular en España.
De todas las empleadas solo dos de ellas habían sido dadas de alta en la Seguridad Social a pesar de que “ambos acusados eran perfectos conocedores de esa obligación”. “Las otras once mujeres se encontraban trabajando sin contar con régimen alguno de la Seguridad Social que cubriera las contingencias dimanantes del desarrollo de su actividad”, añade el fiscal.
Perjuicio económico
Esta actuación de los procesados generó supuestamente un perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social cuantificado en 299,31 euros como consecuencia del impago de las cuotas correspondientes al día 22 de enero de 2015. Esta cantidad, no obstante, deberán abonarla los acusados en concepto de responsabilidad civil en caso de condena. Al montante económico también se suma la petición de privación de libertad que se eleva a dos años y seis meses para cada uno de los implicados.
