La asociación de Abogadas para la Igualdad, que ejerce la acusación popular por la muerte violenta de la gijonesa Lorena Dacuña (y en todos los crímenes de violencia de género que ocurren en Asturias), solicita 25 años de cárcel para el único acusado, José Manuel Sánchez Merino, al que le atribuye un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y las agravantes de parentesco y desprecio de género; una petición idéntica a la hecha por la familia de la víctima.
El escrito de acusación, presentado ya en el Juzgado y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, sostiene que el camarero gijonés, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Dueñas (Palencia), acuchilló repetidas veces a su expareja “de manera deliberada y consciente; y además de con ánimo homicida, con el deseo de producirle un extraordinario y desmedido dolor, provocándole males innecesarios para conseguir dicho resultado sin que la víctima pudiera evitarlo”.
La asociación asturiana, además, describe en su escrito la actitud “celosa y controladora” que Sánchez Merino mantuvo con Lorena Dacuña (tenía 41 años cuando fue asesinada en su piso de La Calzada en febrero del pasado año) durante la relación y tras finalizar la misma. Como ejemplo cita el episodio en el que el procesado “destrozó toda la ropa interior de su pareja con unas tijeras, ya que si no la usaba con él no la usaría con nadie”. Una acción que desveló este periódico tras el crimen.
La versión de la acusación popular (falta el escrito de la Abogacía del Estado, además del de defensa) es muy similar a la de Fiscalía y acusación particular. En todos los casos coinciden en que Sánchez Merino salió de trabajar, se fue a su casa a por un cuchillo y tras estar bebiendo acudió a La Calzada para comprobar si era cierto que Dacuña se veía ya con otro. Luego, tras ver a su expareja acompañada de un hombre, optó por seguirla hasta su casa, subir tras ellos e interceptarles cuando entraban al piso. Pese a que su cuchillo se rompió, se fue a por otro a la cocina (momento que aprovechó el acompañante para huir) y finalmente apuñalar hasta la muerte a Dacuña.
A los 25 años de cárcel, Abogadas para la Igualdad suma diez años de libertad vigilada, que incluye la prohibición de vivir en Asturias, y 60.000 euros de indemnización a la familia de la víctima.
