“Algo tendrá que decir el Ayuntamiento de Gijón, ya que pone el huevo, sobre Laboral Centro de Arte, y para que se abra a Gijón y a los gijoneses”. Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, justificaba así haber llevado al salón de plenos el debate abierto a nivel autonómico sobre el futuro del centro de arte y creación industrial, que aunque ubicado en la ciudad depende del Principado. La iniciativa de Foro conllevó tantas enmiendas que el propio grupo formalizó una nueva redacción final de la iniciativa para intentar agradar a todos los grupos.
Sólo lo consiguió con los de la oposición. El PSOE e IU votaron en contra de una proposición que, finalmente, supone instar al Principado a elaborar un plan director que de viabilidad al centro negociándolo con el Ayuntamiento de Gijón, pero también con profesionales del sector, a paralizar “de inmediato cualquier acción” que afecte a su programación, objetivos o espacios hasta tener ese plan, a convocar la plaza de director y a reformular la composición del Patronato para que el 50% sean personas o instituciones relevantes en el ámbito del arte contemporáneo.
El Pleno también le puso deberes al gobierno local: coordinar con Laboral todas las actividades de Gijón relacionadas con las nuevas formas culturales nacidas del desarrollo de las tecnologías audiovisuales y buscar que ese espacio pueda ser usado para actividades culturales locales coordinándose con Divertia y la Fundación de Cultura.
Y es que para Foro, uno de los problemas de Laboral Centro de Artes es que, explicó su portavoz, “ha dado la espalda a un montón de gente programando solo para las élites. ¿En que beneficia a Gijón? ¿Por qué no van allí todos los niños de Gijón como van al Museo Piñole o al Monte Deva?”. Para Podemos y Ciudadanos una parte del cambio de Laboral deba pasar por “despolitizarlo” y hacer partícipes de su gestión a los profesionales del sector. También pidieron conectarlo con la ciudad
“Es mentira que viva de espaldas a la ciudadanía”, reprochó el edil socialista de Cultura, Manuel Ángel Vallina a la oposición. A la que también recordó que “la cultura no debe valorarse en términos cuantitativos, sino cualitativos”. Recordó que Laboral tiene un plan de viabilidad vigente hasta 2023 y que el Ayuntamiento, a través de su Alcaldesa, ya había dejado patente el interés de Gijón de que el centro se mantenga fiel a sus objetivos fundacionales.
Fue también Vallina, en respuesta a una posterior pregunta de Vox, quien concretó el coste económico del centro para las arcas municipales: 639.024 euros desde su fundación hace 14 años y 171.808 que tocan pagar en este ejercicio. A cambio, aseguró “ha posicionado el nombre de Gijón”.
No tuvo tanta suerte como su colega de Foro, el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, con su propuesta de dar marcha atrás a todo lo hecho en el Muro para “reponer a su estado anterior la circulación de vehículos en la avenida de Rufo García Rendueles”. Solo consiguió el apoyo de PP y Foro. Los tres partidos de la izquierda rechazaron la iniciativa y Ciudadanos se abstuvo. “La obra del Muro se planteó como provisional, por que de lo contrario iba contra la legalidad, y solicitamos que se termine con esta situación de provisional. Hay que volver a lo anterior aunque nos cueste un dinero”, sentenció el edil al rechazar la enmienda del PP de incorporar el matiz de que “o al menos” se habilitase un carril en cada sentido para el tráfico rodado. Para Alberto López-Asenjo, portavoz del PP, “acabado el estado de alarma toca volver a lo anterior” y el forista Pelayo Barcia aseguró que “el domingo había más gente manifestándose en coche que paseando por el cascayu”.
Desde el equipo de gobierno, el edil de Movilidad, Aurelio Martín, ironizó sobre la capacidad de la oposición de plantear medidas de acción sin datos, abogó por esperar a que el futuro del Muro lo decida la comisión creada para ello bajo la dirección del Colegio de Arquitectos, contrarrestó las críticas de la derecha a las peatonalizaciones de Gijón con informaciones sobre iniciativas similares en Madrid y Oviedo con gobiernos de esa derecha y minimizó la trascendencia de manifestaciones “de 300 personas en una ciudad de 270.000”.
Vox también vio rechazada la propuesta, defendida por Laura Hurlé, para que los servicios sociales municipales dieran ayudas de emergencia a familias vulnerables para afrontar el pago de realizar la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). Votó en contra la izquierda recordando que las familias perceptoras de ingreso mínimo vital o salario social ya están exentas, que hay opciones de ayudas para casos puntuales pero que otros apoyos deben “articularse en el decreto de precios y no derivarse a los servicios sociales”, concretó la socialista Natalia González.
Y tampoco salió adelante la iniciativa de la portavoz de Podemos, Laura Tuero, para poner en marcha en el Ayuntamiento un observatorio de la contratación. El resto de los grupos no le vieron encaje legal ni necesidad. Ni apoyaron que tuviera capacidad fiscalizadora ni entendieron la razón de que estuviera integrado, e entre otros, por colectivos vecinales y sin embargo no se diera cabida a entidades empresariales.
El listado de proposiciones fallidas incluyó también el nuevo intento de Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, por prolongar la exención en el pago de la tasa de terrazas hasta que la hostelería recupere la normalidad. El gobierno cuantificó en 1,1 millones el coste para las arcas municipales de ese año sin esos ingresos y no dio su brazo a torcer vinculando el fin de la exención al fin del estado de alarma. “Han podido contar con esa exención y seguir con el negocio”, dijo el edil de Promoción Económica, Santos Tejón, para contraponer esa situación al otro 50% de la hostelería local que no tiene terraza. “Eliminar esa tasa ayuda más que los bonos”, sentenció el concejal de la formación naranja.
