“El problema de la polución en La Calzada no es el tráfico, sino la industria pesada”. Esa es la conclusión de vecinos y comerciantes de la zona Oeste ante el plan del gobierno local para declarar el barrio como la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Esta nueva tipología de área está regulada en la recién estrenada ordenanza de movilidad sostenible y puede, a decisión municipal, acarrear la ejecución de medidas especiales para reducir los picos de contaminación mediante la regulación de los accesos al barrio, la circulación y el estacionamiento de vehículos. La norma se quiere completar con el plan de calidad del aire para la zona Oeste impulsado por el Principado y el Ayuntamiento, así como con el acceso a los fondos europeos para que La Calzada se convierta en un barrio más sostenible.
Una idea, la de la declaración de la zona de bajas emisiones, que por ahora genera recelo entre los residentes. Lo dice Salvador Menéndez, vicepresidente de la asociación de vecinos de La Calzada. “Llevo muchos años viviendo en este barrio y el problema que tenemos es que estamos rodeados de empresas contaminantes que no aplican las medidas que hay en vigor para frenar la polución”, explica el dirigente vecinal, que entiende que dichas firmas son esenciales para el barrio porque “centenares de vecinos trabajan en ellas”. Si bien, reclama más control por parte de las autoridades para frenar las emisiones. “He visto en muchas ocasiones cómo se aprovecha la madrugada para echar porquería por las chimeneas. Los coches no son los que generan la contaminación”, denuncia.
Para Menéndez, que en La Calzada puedan implementarse medidas reguladoras resulta una preocupación. Según los estudios municipales, el barrio es la zona de toda la ciudad donde los vecinos encuentran más problemas para aparcar el coche en plazas de aparcamiento. “Estoy muy de acuerdo en que se baje la polución, pero somos un barrio donde muchas viviendas son antiguas y carecen de garaje. Hay que ver cómo las restricciones afectan al aparcamiento”, evalúa. “Los coches, queramos o no, siguen siendo un modelo de vida y la gente no puede ir a dejarlos a la Campa Torres”, añade.
También recela de la medida José Luis Peón, uno de los portavoces de la Plataforma contra la contaminación en Gijón. “Lo que está claro es que lo que genera más contaminación es la industria pesada de la zona Oeste”, apunta. “Echo de menos que se hable algo más de los camiones que circulan todos los días por La Calzada”, explica Peón, al que, como Menéndez, le ofrecen serias dudas las restricciones de tráfico, así como que todavía no se haya concretado el territorio específico que se verá afectado por la medida cuando esta entre en vigor. “La zona Oeste es muy grande y no a todas las zonas llega el transporte público”, opina Peón. “Lo primero de lo que habría que hablar sería de potenciar el transporte público”, zanja Peón.
Los comerciantes del barrio también dudan sobre la propuesta. Gregorio Ibáñez es el impulsor de la plataforma Hostelería y Comercio de La Calzada, con más de medio centenar negocios adscritos. “La zona de bajas emisiones solo se consigue controlando la industria”, indica. Sobre la circulación, Ibáñez señala una de las últimas actuaciones en materia de movilidad que ha tomado el Ayuntamiento. Es decir, la implantación de dos nuevos carriles bus en las calles Brasil y Gran Capitán, que comenzarán a funcionar en este verano. “Para los comerciantes, que haya menos tráfico es perjudicial. Se podrían tomar otras alternativas”, considera. “No se puede decir que la contaminación en La Calzada venga por los coches. ¿Qué pasa que no la hay en la zona Centro?”, se cuestiona Joaquín Argüelles, otro comerciante del barrio y miembro de la asociación que encabeza Gregorio Ibáñez.
La oposición reclama que la decisión la tome el Pleno: "Debe haber consenso"
La ordenanza de movilidad define que la declaración de una zona de baja emisión corresponde “al órgano municipal competente” y que la decisión debe someterse a un proceso de participación ciudadana y un periodo de información pública. La oposición exige que para catalogar a La Calzada bajo esa nueva tipología de zona la decisión la tome el Pleno municipal y el proceso se someta a las necesidades de los vecinos del barrio.
El concejal de Foro Pelayo Barcia citó el artículo 29.2 de la ordenanza, que alude a la participación ciudadana para declarar una ZBE. “El gobierno debe cumplir su propia ordenanza y preguntar a los gijoneses por su implantación. Si les convencen de que la contaminación es por el tráfico es que son unos fenómenos”, apuntó. Para el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, la medida “parece lógica”, aunque señaló que “debe ser aprobada por el Pleno”. “Debe haber participación real de los ciudadanos, no puede ser un proyecto cerrado”, añadió. Alberto López-Asenjo, del PP, pide respetar el tráfico rodado. “Deben convivir todos los medios de transporte”, afirmó. Vox se opone frontalmente a la medida, que en palabras de Eladio de la Concha, “es una nueva ocurrencia que perjudicará a comercio y hostelería”. “Una zona de baja emisión no puede ser una pantalla para el gobierno para no actuar sobre el principal foco de contaminación, que es la industria”, zanjó Laura Tuero, de Podemos.
