En 20 años de cárcel ha dejado la Abogacía del Estado su petición de cárcel para José Manuel Sánchez Merino, el camarero gijonés procesado por matar a puñaladas a su expareja, Lorena Dacuña Fernández, de 41 años y vecina de La Calzada. Su escrito de acusación, remitido ya al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón y trasladado a las partes implicadas en el procedimiento, va en línea con el elaborado hace unos meses por el Ministerio Fiscal, que también le atribuye un delito de asesinato con alevosía y las agravantes de parentesco y de cometer el crimen por desprecio de género. Esta pena, aunque también estiman que hubo ensañamiento, es inferior a los 25 años que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, solicitan tanto la familia de la limpiadora gijonesa como la asociación de Abogadas para la Igualdad, que también ejerce la acusación popular.
Los hechos, expuestos de forma muy escueta por la Abogacía del Estado, inciden en que José Manuel Sánchez Merino era “plenamente consciente de sus actos” cuando la madrugada del 2 de febrero de 2020 acechó a Lorena Dacuña, “con la que había mantenido una relación sentimental y de convivencia hasta unos meses atrás”, entró a la fuerza en el piso de ella, en la calle Callao, y, “alevosamente”, acometió contra ella, acuchillándola repetidamente, “con ensañamiento”, en zonas vitales y “con la intención de causar su muerte”, según describe el escrito, al que ha tenido acceso este periódico. Luego, el camarero, que actualmente se encuentra en prisión preventiva, abandonó el piso.
La calificación de los hechos que se hace desde la Abogacía del Estado no ofrece variación con las otras tres acusaciones hasta ahora formuladas. Hay quórum en que se trata de un asesinato con alevosía y las agravantes de parentesco y desprecio de género, aunque en este caso no hay pronunciamiento sobre los años de libertad vigilada (una década, requerían los demás) ni sobre la responsabilidad civil en concepto de indemnización al hermano de Lorena Dacuña. Una cuantía que el resto fijaron en 60.000 euros. Sí solicita la imposición de las costas procesales al acusado.
Para convencer al jurado popular que valorará los hechos, la Abogacía solicita las mismas declaraciones de testigos y peritos que el Ministerio Fiscal, entre los que se incluyen tanto el acusado como el acompañante portugués que llegó esa noche a casa con Dacuña.
Con esta última acusación, que la Abogacía del Estado ejercita en representación de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, queda ya solo conocer la calificación del crimen que realizará la defensa de José Manuel Sánchez Merino. Este hombre, aunque se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial, sí confesó ante los agentes de la Policía Nacional que le detuvieron en la habitación que tenía alquilada en un piso de la calle San Luis, donde se escondió tras acuchillar a Lorena Dacuña en reiteradas ocasiones. Es por ello que, como mínimo, asumirá de nuevo la autoría, aunque presumiblemente trate de argumentar que se trató de un delito de homicidio.
Lo que sí es seguro es que Sánchez Merino seguirá en prisión hasta que se celebre el juicio. Actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, Palencia. De hecho, tanto la Fiscalía como la familia de Dacuña han solicitado que siga encarcelado hasta la celebración del juicio. De retrasarse el señalamiento, que podría ser para principios del 2022, habría que celebrar una vista para prorrogar su estancia en prisión provisional, que por lo general está fijada en un máximo de dos años. No obstante, todo hace indicar que Sánchez Merino se sentará en el banquillo por asesinar a su expareja antes de que expire ese plazo.
