El PSOE asturiano y el Gobierno de Adrián Barbón se quedaron solos ayer en la defensa del plan para construir en Granda la segunda estación de la ITV de Gijón. La Junta General aprobó, en la comisión de Industria, una proposición no de ley apoyada por todos los grupos menos el socialista en la que se insta al Ejecutivo autonómico a paralizar la tramitación en marcha y a elegir un emplazamiento alternativo con “consenso” y desde la “transparencia”. Además, los partidos proponentes (PP, Ciudadanos, Foro y Podemos) asumieron una enmienda planteada por Izquierda Unida (IU) en la que también se reclama que se abra un proceso de diálogo con los vecinos de la parroquia, donde el proyecto de Itvasa (una empresa participada de forma íntegra por el Principado) ha concitado un enorme rechazo. Según confirman fuentes vecinales, desde la Consejería de Industria ya se han puesto en contacto con la asociación y la plataforma contra la ITV para mantener una reunión, para la que aún no se ha cerrado una fecha concreta.
Lo que no prosperó en la Junta fue una segunda enmienda presentada por IU en la que se daba por buena la solución de la permuta de terrenos que ha ofrecido el Ayuntamiento de Gijón a la Consejería de Industria, a fin de que la inspección técnica de vehículos vaya a una parcela de titularidad municipal en el polígono de Lloreda. Tras escuchar la catarata de críticas de la oposición, el portavoz del PSOE en la comisión de Industria, René Suárez, hizo suyo el argumentario de Itvasa para justificar el emplazamiento elegido. Así, indicó que la finca adquirida a la Cooperativa de Agricultores fue más económica que otras que se barajaron y que, además, ese solar permite adelantar los plazos para la apertura de la estación por contar ya con una nave. Suárez calificó de “subjetivas” las críticas de los partidos de la oposición, a cuyos portavoces pidió que “piensen en los ciudadanos que sufren listas de espera de varios meses por el colapso en las ITV en funcionamiento”.
Desde el PP, el diputado regional y presidente del partido en Gijón, Pablo González, destacó que “el empecinamiento” de Industria en abrir la ITV en Granda “ha logrado algo muy difícil, como es la unión de tantos partidos en el rechazo a la iniciativa”. Tras reiterar que la parroquia rural no cumple los requisitos mínimos para una instalación de ese tipo, pidió a los socialistas asturianos que “rectifiquen para, entre todos, buscar una alternativa desde el consenso y la transparencia”.
El portavoz de Infraestructuras de Ciudadanos, Sergio García, incidió en que para saber que Granda no debe ser el emplazamiento de la nueva ITV de Gijón “basta con darse una vuelta por la localidad, porque se ve a simple vista. “No huyan hacia adelante, paren y escuchen”, pidió al PSOE el diputado de la formación naranja, quien destacó también que “hasta el gobierno de Gijón, del mismo signo que el autonómico, está en contra del plan”.
En nombre de Podemos intervino su portavoz parlamentario, Daniel Ripa, para poner de manifiesto la situación de ”aislamiento” en la que ha quedado el Gobierno asturiano con el plan para la segunda ITV de Gijón. “Lo que tienen que hacer es echar el freno de mano, escuchar y no hacer política contra la gente”, aseveró el dirigente morado dirigiéndose a los representantes del PSOE en la comisión.
Adrián Pumares, de Foro, calificó de “intolerable” la “presión” que, a su juicio, “se está ejerciendo contra los vecinos de Granda, a los que se viene a culpabilizar de los retrasos en las estaciones de ITV de Asturias”. Además, incidió en que los tres caminos de la parroquia “no cumplen la normativa para estas instalaciones”.
Por su lado, Ignacio Blanco, portavoz de Vox en la Junta, lamentó que no se hubiese tenido en cuenta a su partido para impulsar la proposición no de ley, cuando es notorio que está contra el proyecto. Blanco desveló, con el documento en la mano, que el estudio de tráfico de Itvasa que justifica la elección de Granda “carece de firma, no tiene fecha y se basa en datos de la ITV de Mieres”.
Para Ángela Vallina, portavoz de IU, resulta “lamentable” que el Gobierno “haya convertido la buena noticia de una segunda ITV para Gijón en un conflicto vecinal e institucional”.
