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Afronta quince años de cárcel por agredir sexualmente a su sobrina, de 11 años

El procesado, que entonces tenía 20 años, forzaba a la niña dos o tres veces por semana bajo la amenaza de que si no accedía “violaría a su hermana pequeña”

Juzgados de Gijón

Un joven gijonés, ahora de 24 años, se sentará próximamente en el banquillo por agredir sexualmente y de forma continuada a su sobrina, una niña de 11 años a la que forzó durante un año dos o tres días a la semana bajo la amenaza de que si no accedía a sus pretensiones libidinosas violaría a su hermana pequeña, de cuatro años. Esta es la tesis que sostiene el ministerio fiscal, que solicita para este joven una condena de quince años de cárcel y una década de libertad vigilada, que incluye la prohibición de acercarse a su víctima, a la que deberá indemnizar con 25.000 euros por los daños morales causados. Según el escrito de calificación, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, la menos se encuentra a tratamiento psicológico al sufrir un trastorno de estrés postraumático que incluye dos intentos autolíticos desde que cesaron estas presuntas agresiones sexuales.

Como suele ocurrir en un alto porcentaje de ocasiones, víctima y supuesto agresor sexual son familia directa. El procesado, vecino de la zona centro, es el hermano de la madre de la niña, y aprovechaba esta circunstancia para, al quedarse a su cuidado, llevar a cabo las agresiones sexuales, empleando violencia e intimidación para que la niña no revelase lo que sucedía, sostiene el fiscal de este caso, que se juzgará en la Sección Octava en fecha aun por determinar.

Son dos los escenarios en los que según la acusación se llevaban a cabo los abusos sexuales, que comenzaron en el año 2016, cuando la menor tenía 11 años. Uno de ellos era la propia vivienda de la niña, en el barrio de La Arena. “Aprovechando un día que estaban los dos solos, de manera inesperada y por primera vez, el acusado se bajó los pantalones y la ropa interior en su presencia, sujetó a la niña de forma enérgica por la cabeza realizó una masturbación, diciéndole luego, al ver la reacción de disgusto de la niña que no lo contara a nadie”, afirma la fiscal.

En el mes de septiembre de ese mismo año, y con doce años cumplidos la pequeña, al regresar del instituto, la menor fue a comer a casa de su abuela materna, domicilio en el que también vivía el procesado. Esta mujer, de avanzada edad, “no se enteraba de lo que sucedía en su entorno”. Aprovechando esa circunstancia, este joven, que hasta el momento no cuenta con antecedentes penales, se llevó a la cría a la habitación, donde comenzó a realizarle distintos tocamientos mientras él se quitaba la ropa. Esa conducta motivó que la niña comenzase a llorar, y para evitar que nadie pudiera enterarse “le tapó la boca con fuerza” mientras consumaba la agresión sexual, detalla la acusación.

Desde ese episodio, tal y como se desprende de las declaraciones de la víctima, el procesado “repetía con frecuencia este comportamiento dos o tres días a la semana, masturbándose mientras la tocaba e inmovilizándola por las muñecas impidiendo que se moviera”. El escrito de acusación relata episodios más duros y traumáticos para la menor, todos en la misma línea de agresión sexual, algunos de ellos llevados a cabo en el ascensor de casa. Y siempre con la misma violencia para evitar que a la pequeña, que sufría ataques de ansiedad, no la pudiese escuchar nadie.

Para conseguir su objetivo y que la niña no desvelase a nadie lo sucedía, este joven la amenazaba con repetir esos mismos actos con su hermana pequeña, de cuatro años, o con pincharla con insulina, según desvela la fiscal. Todos esos episodios derivaron en un trastorno de estrés postraumático, con dos intentos de hacerse daña así misma y que la han abocado a recibir tratamiento “psicofarmacológico y apoyo psicológico”.

Alejamiento

Al existir violencia e intimidación, la fiscalía le atribuye un delito de agresión sexual continuado, es decir, que se prolongó en el tiempo, lo que lleva aparejada una pena de prisión más elevada y que en este caso alcanza los 15 años de cárcel. Además, dadas las características del delito, la fiscal también reclama diez años de libertad vigilada en los que no podrá comunicarse ni acercarse a su víctima, la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza y la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.

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