Reconoció el crimen cuando fue detenido por la Policía y escribió una carta para pedir perdón a la familia de su víctima. Luego, guardó silencio ante la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Y ahora, José Manuel Sánchez Merino, el único procesado por la muerte violenta de su expareja, la gijonesa Lorena Dacuña, de 41 años, ha dado otro giro en su actitud y solicita la libre absolución en su escrito de defensa al negar toda responsabilidad. “Disconforme con el relato fáctico, por cuanto no sucedieron los hechos como refieren la acusación pública y la particular (le atribuyen ambas un delito de asesinato con alevosía por el que solicitan 20 y 25 años de cárcel respectivamente), ya que el pasado día 2 de febrero de 2020, mi defendido, no se dirigió a su domicilio de la calle San Luis de Gijón a coger dinero ni ningún cuchillo que introdujera en su mochila, desconociendo quién pudo llevar a término la muerte de Lorena Dacuña”, relata el escrito de defensa al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
El documento de Sánchez Merino, remitido al Juzgado de Violencia, es parco en explicaciones, más allá de negar los cargos que tanto la Fiscalía como la familia da Dacuña y las dos acusaciones populares le atribuyen, versiones todas ellas adelantadas por este periódico. Al no ser el autor del asesinato, dice, tampoco se le pueden aplicar las agravantes de parentesco ni desprecio de género y no cabe imponer responsabilidad civil alguna. Unos argumentos que chocan con el pormenorizado reconocimiento del crimen llevado a cabo cuando fue interrogado en la comisaría de El Natahoyo. Claro está que se trata de un escrito de defensa inicial y que todo podría cambiar durante el juicio, con jurado popular y en el que Sánchez Merino tiene oportunidad de declarar si así lo estima oportuno.
¿Qué ocurrió la madrugada del 2 de febrero de 2020? Atendiendo a la versión que el camarero gijonés, ahora de 50 años y en prisión preventiva en la cárcel de Dueñas (Palencia), ofreció a los agentes que le detuvieron, él había salido de trabajar de una sidrería de la calle Luis Braille y un compañero le acercó a su casa en la calle San Luis y de ahí a un bar de Fomento. Tras estar bebiendo y consumiendo cocaína se decidió a ir a comprobar si, tal y como le habían comentado, Dacuña había comenzado a verse con otro hombre. Cogió un autobús búho y se fue hasta La Calzada, a un karaoke al que su víctima solía acudir. “Miré desde la acera de enfrente que Lorena estaba con un hombre al que no conocía. Escuché decir a Lorena que ellos dos se iban para su casa y decidí ir hacia allí y llegar antes que ellos”, declaró en Comisaría.
Les esperó veinte minutos cerca del portal, y cuando Dacuña y su acompañante (un hombre portugués que estaba trabajando en Gijón y que está citado como testigo en el juicio) entraron, él aprovechó para ir detrás. Ellos cogieron el ascensor mientras que Sánchez Merino se apresuró a subir por las escaleras. “Esperé a que abriesen la puerta del piso. Le dije a Lorena que hubiese sido mejor que me enterara por ella”, reconoció. Fue entonces cuando sacó el cuchillo que llevaba en la mochila, pero se rompió y se fue a la cocina a por otro. “Cuando volvía de la cocina el acompañante de Lorena echó a correr por las escaleras mientras ella le dijo que llamase a la Policía”, verbalizó. El portugués, por su parte, dijo que al escuchar los gritos e insultos de Sánchez Merino pensó que era su marido y huyó, pero que no vio ningún cuchillo.
Una vez solos en el piso de la calle Callao, Sánchez Merino asestó una veintena de puñaladas a su expareja con un cuchillo “de hoja plana, monocortante, de una anchura de 3,5 centímetros y una longitud de 12”. Luego, el camarero se escondió en su piso de la calle San Luis donde fue detenido a los tres días del hallazgo del cadáver. Por estos hechos que ahora él niega afronta hasta 25 años de cárcel por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y desprecio de género que piden tanto la familia de su víctima como la asociación de Abogadas para la Igualdad. Fiscalía y Abogacía del Estado dejan esos mismos cargos en una pena de 20 años de prisión. Todo apunta a que se juzgará ya el próximo año.
