“Ninguna persona es ilegal, y todo el trabajo de los políticos debe ir enfocado en esa dirección”. El Ayuntamiento de Gijón celebró ayer un acto por el Día del Refugiado en el que se pusieron sobre la mesa algunos datos y realidades sobre las personas que buscan un futuro mejor lejos de su casa, de sus familias y su entorno, empujados por guerras y persecuciones de todo tipo. Durante el acto quedó de manifiesto que, de entre las víctimas de estas persecuciones, “las mujeres son las más desfavorecidas”.

Por ello, entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado alertaron ayer sobre unas cifras que no dejan lugar a dudas: en junio de 2020, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “79,9 millones de personas habían abandonado sus hogares debido a la persecución, las violaciones de los derechos humanos y las guerras”, enumeró Elena Muñoz en su intervención telemática. Jamás se había alcanzado una cifra de proporciones similares, que prácticamente duplica la de hace una década, según concluye el informe, y todo ello en mitad de una pandemia que ha limitado mucho el movimiento de los refugiados: el 75 por ciento de los migrantes se movieron dentro de su propio país o como mucho a otros países limítrofes.

En el caso de España, se atendieron un número considerable de solicitantes de protección internacional (88.762), que colocan al país como el tercero de la Unión Europea, tras Alemania y Francia. Asimismo, se produjo una notable agilización de la instrucción de los expedientes, que permitió resolver las solicitudes de 114 .919 personas. Sin embargo, de ellas solo el 5 por ciento logró la concesión de la protección internacional, mientras el 60 por ciento quedó en el limbo de la irregularidad y el 45 por ciento obtuvo una autorización de residencia por razones humanitarias.

En cambio, el informe presentado recoge que la media comunitaria de concesión de la protección internacional volvió a situarse en el 33 por ciento y “este es el objetivo al que debe aproximarse España”, sostuvo Muñoz.

El acto también contó con la presencia de María Jackeline Rojas y Dina Carmona, quienes relataron su experiencia como refugiadas, y de las concejalas de Cooperación para el Desarrollo, Carmen Saras, y de Participación Ciudadana, Salomé Díaz. Fue un acto con el que se quiso poner el acento en la necesidad de “humanizar y acoger, porque hay campo de mejora en la protección internacional, es necesario añadir nuevos grupos de atención”.