El enfado por la saturación de los centros de salud empieza a traducirse en insultos, amenazas e, incluso, en agresiones físicas a sanitarios gijoneses. El personal de atención primaria ve desde hace unas semanas con preocupación un goteo constante de testimonios de compañeros de centros de salud, en especial celadores y administrativos, que aseguran ser “maltratados verbalmente” por cada vez más usuarios. Por eso, la plantilla está pensando en organizarse para crear un registro diario de conductas violentas, que hasta ahora no solían notificarse salvo en el caso de ataques que implicasen lesiones. Desde que comenzó el verano, ya consta al menos una celadora que ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido golpeada por un paciente. Los sindicatos piden un incremento inmediato del personal de seguridad y la gerencia, por su parte, emplaza al Sespa, entidad competente en contrataciones, a un posible refuerzo que, de momento, no se baraja.
El personal ratifica este aumento de usuarios que, por la frustración de no conseguir que se les coja al teléfono, vuelcan su enfado con los sanitarios de sus centros de salud. “Y ahí tienen que entender que están pagando con los trabajadores problemas de gestión que nada tienen que ver con nosotros, que estamos haciendo todo lo que podemos y más”, razona María José Sánchez, vinculada a Sicepa-Usipa y desde hace meses reincorporada en su puesto en como médico de familia en Laviada. En general, aclara, quienes “pagan injustamente” estos enfados al teléfono suelen ser los empleados de administración y, en el propio centro de salud, tanto ellos como los celadores, a cargo todavía de los controles de acceso a usuarios. De ahí que haya surgido la idea de crear un registro.
El problema de estas conductas es que no suelen pasar de una simple queja entre compañeros, y eso es lo que los sanitarios gijoneses van a intentar cambiar. Poco antes de la pandemia, por ejemplo, el personal alertó de que notaba que cada vez más pacientes grababan a escondidas sus consultas con su teléfono, una práctica que podría ser ilegal en caso de difundirse y que, en cualquier caso, suponía para los trabajadores una especie de “amenaza”, pero la polémica se quedó en una simple queja y no se llegó a denunciar por escrito. “Es la costumbre, pero hay que diferenciar entre un paciente frustrado y las faltas de respeto serias o las amenazas. Hasta ahora, salvo que sea una agresión física obvia, muchos compañeros prefieren pasar página así que estamos intentando organizarnos para al menos dejar constancia por escrito y poder contabilizar los casos”, completa Sánchez.
La delegación sindical sanitaria en Gijón de Corriente Sindical de Izquierda, por su parte, ya ha preguntado formalmente a gerencia por esta tendencia, en concreto, a raíz de una agresión física a una celadora que ya ha presentado su denuncia ante la Policía Nacional. El grupo ha propuesto un refuerzo en las plantillas del personal de seguridad, hasta ahora “muy escasas” y con empleados con varios centros de salud a su cargo que rotan por ellos según la demanda, sin una presencia constante. “Se les suele avisar, por ejemplo, en centros con áreas de Salud Mental que han citado a un paciente que se sabe que es conflictivo, pero eso ya es insuficiente”, razona el sindicato.
El año de pandemia había supuesto un descenso general de estas conductas, pero con la desescalada para recuperar la presencialidad en los ambulatorios muchos ya no entienden estos colapsos, agravados en parte tras el cierre del “call-center” hace unas semanas. Según el Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos, la principal entidad que censa estas prácticas, el Colegio de Médicos de Asturias notificó ocho agresiones a facultativos, una cifra por debate de la media nacional y también a la baja respecto a otros años, en los que se suele superar por poco la decena. Según explican fuentes de Salud, no obstante, el personal médico no suele ser el más expuesto a la violencia de pacientes ni suele informar a sus superiores de agresiones de tipo verbal, que acaban por caer en saco roto.
