La licencia municipal que haga realidad la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) en Granda aún no está materialmente firmada pero su concesión ya no tiene marcha atrás. La concejalía de Urbanismo, que lidera la socialista Dolores Patón, obvió ayer la petición de Ciudadanos de hacer nuevos informes. Desde la formación naranja el edil Rubén Pérez Carcedo entendió que el último informe emitido por los técnicos municipales, el segundo desde el área de Movilidad, tenía carencias importantes y fijaba la capacidad del camino de la Perdiz desde el “error de bulto” de confundir vías de la red local con vías de la red rural en base a una guía de Madrid. Por ello, Ciudadanos pedía un informe específico del servicio de Obras Públicas sobre las características técnicas de los viales de la parroquia. No se hará.
Para empezar desde Movilidad se rechaza que exista ningún error de bulto al recordar que las cantidades de la guía de Madrid se incorporaron, simplemente, como dato de referencia para complementar un estudio sobre el impacto de la polémica ITV en el acceso de Granda. En base a los datos aportados por Itvasa la estación elevaría de 1.610 a 2.016 lo coches que pasen por ese vial: 128,7 a la hora en la franja de funcionamiento de la estación. Una intensidad asumible, explica el informe que no encuentra razones para denegar la licencia. La misma conclusión a la que llegaron los técnicos de Urbanismo y los del servicio de Actividades al analizar el proyecto desde sus competencias. En la misma línea se decantó el informe solicitado a Medio Ambiente del Principado ante la posibilidad de que en la finca comprada a La Cooperativa hubiera suelos contaminados.
“Urbanismo no puede denegar una licencia que cumple con todos los parámetros legales. Y lo que tampoco podemos hacer es pedir un informe, cuando no nos gusta pedir otro y si tampoco gusta ese pedir otro más. Los técnicos se acabarán quejando por la falta de respeto al cuestionar cada informe y por la presión”, explicó ayer la portavoz del equipo de gobierno, la socialista Marina Pineda, en una comparecencia pública tras la Junta de Gobierno. Para Pineda “hay muchas formas de vulnerar la legalidad y seguramente una de ellas es estar pidiendo informe tras informe y cuando un técnico municipal te diga algo que no te guste, decirle hazme otro”.
Tanto Pineda como Patón, en su intervención en la comisión de Urbanismo, reivindicaron los intentos del Ayuntamiento por ofrecer alternativas de ubicación y permutas al Principado para que la ITV saliera de Granda. Sin éxito ante el rechazo de Itvasa, empresa de titularidad del Principado. Llegados a este punto y con los informes técnicos a favor la conclusión del gobierno de Ana González es que “la licencia es un instrumento reglado, sujeto a normativa urbanística, y el gobierno no puede más que hacer caso a los informes”.
Para Pérez Carcedo la decisión del gobierno de no pedir más informes no es más que la muestra de “su falta de determinación y ausencia de voluntad real para oponerse a su instalación en la parroquia de Granda. Tal parece que no quieren un informe desfavorable que posibilite denegar la licencia”. Para el edil de Ciudadanos, tan inexplicable es “el empecinamiento del Principado con Granda” como “la incapacidad política del gobierno socialista para hacer valer el interés de Gijón en una decisión tomada por un gobierno de su mismo signo político”.
Nuevo Roces se une a la lucha: “Iremos al juez”
S. F. L.
Los vecinos de Granda y Nuevo Roces ya están hablando con sus abogados para que la batalla por la ITV en Granda siga adelante en los juzgados. “Nos verán ante el juez, y esperemos que él ponga razón a la sinrazón del Principado y el Ayuntamiento”, lamenta Félix Gómez, líder vecinal de la parroquia en la que se pretende instalar la estación. Mientras, la federación de asociaciones vecinales de la zona urbana (FAV), y la rural, “Les Caseríes”, están negociando la posibilidad de emitir un comunicado conjunto contra la ITV como nueva forma de presión. “No nos vamos a rendir”, anuncian. La asociación de Nuevo Roces apoya recurrir al cauce judicial. Explica su presidente, José Miguel Bernardo, que la estación afectará también al barrio, “que nació sin un plan de movilidad y que ahora tendría que enfrentarse a un foco de atracción de vehículos por puro empecinamiento” del Ayuntamiento. “Cualquier usuario de Gijón que recorra los caminos de esta zona se vería afectado”, asegura.
