Gijón vuelve a estar en el punto de mira de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en su último informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en las corporaciones locales anuncia que el Ayuntamiento gijonés está en el camino de cerrar el año con un déficit presupuestario de cuatro millones de euros. Porcentualmente no es mucho, un 1,8%, pero marca una tendencia. El estudio analiza la situación de los dieciséis grandes ayuntamientos de España, las diputaciones provinciales de Barcelona, Valencia y Sevilla, los cabildos insulares de Tenerife y Mallorca y las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Gijón está entre las quince de esas veinticuatro grandes corporaciones que calculan cerrar con déficit. También cierran en negativo los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Valladolid y Vigo, además de las tres diputaciones provinciales de Barcelona, Sevilla y Valencia, el cabildo de Tenerife y las tres diputaciones forales vascas. Gijón está en la parte baja de la lista de incumplidores. Muy lejos de la diputación de Sevilla con un déficit estimado del 48,6%, el cabildo de Tenerife, rondando el 12%, y los ayuntamientos de Barcelona, Córdoba y Vigo con, respectivamente, porcentajes negativos del 7,1%, 8,5 y 9,4 por ciento.

El caso del Ayuntamiento de Gijón tiene un segundo matiz negativo para la Autoridad Fiscal. Y es que en las previsiones de cierre para 2021 calculadas en abril Gijón tenía superávit. Una situación que cambia en el registro realizado en este mes. Algo que también le pasó a los ayuntamientos de Córdoba y Vigo. El Ayuntamiento de Gijón no tiene problemas con el resto de los parámetros que se analizan en el informe. De hecho, se plantea una previsión de cierre con una ratio de deuda del 44%. Por debajo de las previsiones de otros años y de los límites legales.

La suspensión de las reglas fiscales por la pandemia hace que ese posible cierre en déficit no tenga efectos, como los tuvo el incumplimiento de la regla de gasto en 2017 obligando a ejecutar un plan de ajustes, pero supone un toque de atención. Así lo ve Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos (Cs), que ha sido el primero en alertar de la situación. “El problema de nuestro Ayuntamiento es que tenemos un gasto corriente demasiado elevado que comienza a ahogarnos y nos impide maniobrar presupuestariamente para poder afrontar situaciones adversas como la actual”, explicó el concejal de la oposición.

El Ayuntamiento empezó el año en una situación de prórroga presupuestaria con un decreto de 228 millones. A lo largo del año se han ido realizando modificaciones presupuestarias para ajustar ese escenario las necesidades de gasto.