La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de la empleada de un centro de la tercera edad de Gijón acusada de estafar a uno de los residentes tras hacerse con los datos de dos de sus tarjetas. La vista oral está señalada mañana, 21 de septiembre de 2021, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, a las 10.15 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada (1988), desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020, estuvo vinculada laboralmente, desempeñando funciones de gerocultura, con una residencia de la tercera edad de Gijón y, mientras desempeñaba su trabajo, en fecha indeterminada pero en todo caso con anterioridad al día 18 de diciembre de 2019, se hizo con los datos de la tarjeta de El Corte Ingles y los de la tarjeta bancaria de uno de los residentes del centro, nacido en 1931.

Consiguió los mismos dada la facilidad que le otorgaba el puesto de trabajo que desempeñaba, que le permitía entrar en las habitaciones de los residentes y a tener acceso a sus enseres personales.

La acusada, una vez obtuvo los datos de las dos tarjetas el día 18 de diciembre de 2019 realizó con la tarjeta de El Corte Ingles, sin el consentimiento ni autorización de su propietario, una compra online de un juguete por importe de 307,89 euros.

Además, de manera constante y reiterada, desde el día 10 de febrero hasta el 27 de febrero, realizó diversas compras con cargo a la tarjeta bancaria del residente, sin el consentimiento ni la autorización de este. Hizo un total de 31 cargos, por un importe total de 4.020,94 euros, en distintas mercantiles, como Amazon, Apple, Glovoapp y Netflix, entre otras.

De esos cargos, 12 fueron se realizaron para la adquisición de comida a domicilio. El perjudicado no reclama ninguna indemnización, ya que ha sido debidamente indemnizado por El Corte Inglés y la entidad bancaria, que sí reclaman.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuado del artículo 248.1 y 2.C) del Código Penal, en relación con los artículos 249 y 74. Y solicita que se condene a la acusada a 3 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como también inhabilitación para el ejercicio de la profesión de gerocultora, así como para trabajar en centros residenciales, durante 3 años Abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada Indemnice a la entidad bancaria con 4.020,94 euros y a El Corte Inglés con 307,98 euros, más los intereses legales correspondientes. De estas cantidades responderá de forma directa la compañía aseguradora de la residencia de la tercera edad en la que trabajaba la acusada y, de forma subsidiaria, la propia residencia.