El Ayuntamiento de Gijón pretende captar dos millones de euros de los fondos europeos de reactivación “Next Generation” a través de un proyecto compartido con Valladolid, Valencia, Vitoria, Logroño y Fuenlabrada. Su objetivo es implantar una plataforma digital que aglutine todos los servicios de movilidad urbana en una sola aplicación informática y añade el compromiso de tener en servicio una zona de bajas emisiones en la ciudad en 2023. La designación de un espacio como zona de bajas emisiones, catalogación que figura en la nueva ordenanza municipal de movilidad, supone el establecimiento de medidas o limitaciones de acceso y circulación para minimizar problemas de contaminación en ámbitos especialmente afectados por la polución. La intención de la concejalía de Medio Ambiente, a cuyo frente está Aurelio Martín (IU), pasa por establecer en La Calzada la primera de estas zonas en Gijón, a la vista de que parte de los problemas de calidad del aire que padece esa área está relacionada con el tráfico.
En concreto, el proyecto conocido como “Ciudades maas conectadas” está liderado por el Ayuntamiento de Valladolid y permanece abierto para que más ayuntamientoe se sumen a los seis que se han adherido en primera instancia a una iniciativa que, en total, suma un presupuesto de 27,7 millones de euros. Las actuaciones previstas en Gijón tienen un coste de 2,3 millones de euros, de los que el 90%, algo más de dos millones, provendrían de los fondos “Next Generation” que gestiona el Ministerio de Transportes. El resto sería aportado por el Ayuntamiento. Como punto de partida, la Junta de Gobierno aprobó ayer el acuerdo interno entre municipios para solicitar la subvención dentro de la convocatoria de este ejercicio.
Mejorar la calidad del aire y la reducción del ruido son los principales fines que persigue el proyecto a través del que se prevé crear una plataforma en código abierto y multiciudad con todos los servicios de movilidad urbana, incluyendo autobuses, taxis, bicicletas, coches compartidos y aparcamientos. Todo ello, según indicó ayer la portavoz del gobierno municipal, la socialista Marina Pineda, “también permitirá conocer los hábitos de movilidad de la ciudadanía y facilitará la toma de decisiones gracias a la inclusión de módulos de gestión de big data”. Además, la concejala subrayó que el proyecto “abre la puerta a la implantación de nuevas líneas como el postpago de la tarifa óptima, el pago integrado, la adaptación de las tarifas al tipo de usuario o los permisos para el acceso a las zonas de bajas emisiones”.
En todo caso, según puso de manifiesto esta misma semana Aurelio Martín, en la zona de bajas emisiones prevista para La Calzada no está previsto que se apliquen restricciones de circulación de vehículos contaminantes hasta 2026, el mismo horizonte temporal que se maneja para el resto de la ciudad. Antes, se promoverá la construcción de un aparcamiento subterráneo, la habilitación de nuevas zonas verdes y de espacios peatonales en el barrio y se procederá a la potenciación de los carriles bici. El gobierno local también espera captar fondos europeos para la financiación de actuaciones que ya han sido ejecutadas a lo largo de este año, como el carril bus de La Calzada o la línea exprés de autobús que ya conecta el Cerillero y Cabueñes.
Control de trafico
También en el ámbito de la movilidad urbana, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento dio ayer luz verde a una modificación del servicio de mantenimiento, conservación y reparación del sistema centralizado de control de tráfico de la ciudad, contrato formalizado el día 29 de diciembre de 2020. En concreto, lo que se autoriza ahora es un incremento del presupuesto en un 2,72% (116.545 euros) para añadir cuarenta unidades más al subsistema de espiras electromagnéticas, que son los detectores que se utilizan para la gestión y el control del tráfico en las calles de la ciudad. Cada uno de estas espiras tiene un coste de 2.913 euros.
Esta operación de compra de espiras para el control del tráfico tiene la financiación asegurada a través de una modificación de crédito que ya fue aprobada por el Pleno en la sesión ordinaria del pasado mes de marzo.
