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La repetición del juicio por los disturbios del derbi se atasca por falta de acuerdo

Los quince acusados están abiertos a pactar las penas de cárcel, pero hallar encaje legal a la expulsión de los estadios de fútbol es el gran escollo

Recibimiento con bengalas al autobús del Sporting en septiembre de 2017, antes de los incidentes con la Policía.

La repetición del juicio contra los 15 acusados por los disturbios ocurridos en los aledaños de El Molinón antes del derbi regional de septiembre de 2017 (el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló la primera sentencia por un defecto de forma) lleva meses atascada en el juzgado. El principal escollo, toda vez que parece que se reeditará un acuerdo ahora de todos los implicados para aceptar las penas de cárcel, es encontrar encaje legal a la expulsión de los estadios deportivos a imponer a los procesados. Esta medida la exige la Liga de Fútbol, que ejerce la acusación popular, y en su nuevo escrito de acusación reclama que sea por un periodo de tres años, cinco meses y 29 días. Hay dos opciones, o bien como medida condicionada a la suspensión de las penas privativas de libertad o bien en virtud de la ley del Deporte. Pero no hay quórum. De hecho, dado el entuerto, las partes serán citadas próximamente por la Audiencia para intentar desatascar el conflicto y fijar la vista oral de unos hechos que ocurrieron hace ya cuatro años. Y en breve se cumplirá un año desde que se celebró el primer juicio.

Los incidentes enjuiciados ocurrieron a la llegada del autobús del Sporting el 9 de septiembre de 2017, por la avenida del Molinón (hoy peatonal). La Policía Nacional intervino al quedarse el equipo rojiblanco retenido, iniciándose una trifulca que incluyó el lanzamiento de todo tipo de objetos y enfrentamientos con los agentes. Fruto de las pesquisas se detuvo a 15 personas que, según el escrito de acusación del fiscal, están vinculadas a Ultra Boys. De todos ellos, catorce alcanzaron un acuerdo en el juicio que se celebró en octubre de 2020, aceptando penas de entre uno y dos años de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Solo uno de ellos se declaró inocente, pero acabó condenado a cuatro años y tres meses de prisión a pesar de que La Liga había retirado los cargos contra él.

Ese movimiento de última hora del letrado de La Liga en la vista sorprendió a todos, incluido al tribunal de la sección octava de la Audiencia, que suprimió de la sentencia la expulsión de los terrenos deportivos de los procesados, a pesar de haber dado por bueno con anterioridad el pacto entre las partes. Eso motivó que, al recurrirse, el TSJA anulase el fallo y diese orden de repetir el juicio de nuevo, pero desde el mismo punto en que se produjo el defecto de forma, es decir, en el momento de la conformidad entre las partes.

El caso volvió a la Audiencia. La Fiscalía ya ha emitido su nueva calificación, amoldándola al acuerdo alcanzado en el primer juicio, con penas de uno a dos años de cárcel por desórdenes públicos y atentado, pero sin pronunciarse sobre la expulsión que sí exige La Liga. Ahora serán las defensas quienes deban pronunciarse en sus escritos. No parece que haya problemas en cuanto a las penas de cárcel ni tampoco para indemnizar a los agentes que resultaron heridos, pero la expulsión de los estadios de los 15 implicados es uno de los pilares que La Liga se niega a suprimir. Encontrarle encaje legal se ha convertido en un quebradero de cabeza que ni se descarta tener que celebrar íntegramente el juicio.

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