“Que paralice las obras y el juez penal de instrucción lo puede todo. Eso es lo más importante para nosotros, que se paren estas obras”. El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, explicaba así el principal objetivo de la denuncia penal que ha presentado en Madrid la comunidad de propietarios contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, otros cuatro cargos públicos, 15 trabajadores de la consultora que efectuó el estudio de impacto ambiental sobre la depuradora del este y contra la propia consultora. Abraira sostiene que el emplazamiento elegido para la depuradora es “arbitrario”.
Las obras, que estuvieron paralizadas tras la anulación del primer estudio de impacto ambiental, se están ultimando ahora tras la aprobación de un nuevo estudio que volvió a elegir El Pisón como emplazamiento. La previsión es que la planta entre en funcionamiento en pruebas en unos días.
En la demanda se pide declarar responsables civiles al Ministerio para la Transición Ecológica, al Principado y al Ayuntamiento. Los supuestos delitos que denuncian son los de prevaricación administrativa continuada, falsedad documental (por un plano) y discriminación por lugar de residencia. Abraira solicita al juez que declare como testigo la Ministra de Teresa Ribera y va a remitir copia de la denuncia a la Comisión de Peticiones de la UE.
El portavoz vecinal, Manuel Llano, declaró que los vecinos del Pisón se sienten “engañados, defraudados; es una tomadura de pelo, porque todo está premeditado desde el año 90; esto es una fechoría absolutamente premeditada”, para poner la depuradora del este junto a sus casas.
