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Los agresores de Germán, con la mitad de la pena cumplida, podrán pedir permisos

Los cuatro jóvenes solicitarán la suspensión de la condena, que tiene encaje legal en el caso de que existan adicciones

Por la izquierda, Jorge Álvarez, Yeray Rodríguez, Rubén Álvarez e Imad Ashaini, durante el juicio. | M. L.

Los cuatro condenados en el “caso Germán”, que el pasado miércoles aceptaron penas de cuatro y cinco años de cárcel por la agresión al camarero gijonés en Fomento en julio de 2017, podrán solicitar permisos desde el momento que ingresen en la cárcel al tener cumplida ya la mitad de la pena, pues a todos ellos se les descontará los dos años que pasaron de prisión preventiva. También podrían beneficiarse del tercer grado por la misma razón, pero siempre que tengan un trabajo fuera. Y eso en el peor de los casos para ellos, pues la defensa de los jóvenes, tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, tiene la intención de solicitar la suspensión de las penas impuestas una vez se abra el plazo de ejecución de sentencia en la sección octava de la Audiencia.

La suspensión de las condenas, a pesar de que superan los dos años de cárcel en todos los casos, algo que haría más sencillo el objetivo, tiene encaje legal. Cuando la pena es inferior a los cinco años de cárcel, como ocurre en este caso, el Código Penal permite la suspensión si el condenado cometió el delito a consecuencia de su dependencia al consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes –varios de los condenados van a explorar esta vía– y siempre que se pueda acreditar con informes tanto esa adicción como que se encuentra en terapia para combatirla. Y utilizando este mismo artículo, el 80 del Código Penal, influye que sean “reos habituales”, pero ninguno de ellos lo es.

De los cuatro procesados, ni Jorge Álvarez ni Rubén Álvarez habían tenido problemas con la justicia. En el caso de Imad Ashaini y de Yeray Rodríguez sí han sido condenados –el primero en tres ocasiones por otras tantas agresiones en Fomento previas a lo ocurrido con Germán Fernández; y el segundo, una vez–, pero en ningún caso cuentan como antecedentes, puesto que cuando se vieron involucrados en este procedimiento todavía no tenían ninguna sentencia firme contra ellos. Aunque los delitos están ahí, y eso pesa.

Falta ahora que se redacte la sentencia. En los hechos probados se detallará el escrito de la fiscalía que aceptaron todas las partes el miércoles. Esa conformidad evita que se pueda presentar recurso contra el fallo. Se abrirá entonces el periodo de ejecución de sentencia, y es ahí donde se requerirá, entre otras cosas, a que las partes se pronuncien sobre la suspensión de las penas privativas de libertad. Puede ocurrir que el tribunal opte directamente por el cumplimiento, pero los interesados podrían recurrir ante la misma sala.

En ese trámite también se les requerirá para que abonen la multa impuesta por las lesiones que le provocaron aquella madrugada a un amigo de Germán Fernández, con el que se inició todo en el pub de Fomento. Los condenados pelearán por esa suspensión, y se tendrá en cuenta la opinión al respecto a la fiscal y la acusación particular, ejercida por la familia del camarero, que como quedó demostrado por los informes forenses ha quedado impedido para vivir de manera independiente y con una indemnización de 300.000 euros. Los condenados ya empezaron a pagar de forma solidaria y del juicio consignaron 159.996 euros y abonar la responsabilidad civil será clave para conseguir su objetivo de la suspensión.

La última palabra la tendrá el tribunal. La suspensión no afecta a seguir abonando la responsabilidad civil ni al alejamiento de Germán Fernández, fijado en 500 metros durante diez años en el caso de Rubén Álvarez y de ocho años para los demás. Solo a las penas de cárcel. Pero el Tribunal puede ampliar medidas, como ocurre al incluir la de no delinquir durante un plazo de tiempo en sustitución de la cárcel. Incumplir cualquier medida implica revocar la suspensión.

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