El gijonés acusado de un delito de corrupción de menores consistente en distribuir y facilitar la difusión de pornografía infantil después de que la Policía le interviniese al menos 83 vídeos y fotografías de menores "con explícito carácter sexual" ha aceptado esta mañana una pena de un año de cárcel después de que la Fiscalía rebajase su petición inicial, de tres años. El procesado, asumió el delito que se le atribuía, pero al no contar con antecedentes logrará evitar su ingreso en prisión. Eso sí, también deberá asumir tres años de libertad vigilada, tiempo en el que se mantendrá la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecer o facilitar la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, y la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales y de educación sexual u otros similares.
Según el relato del Ministerio Fiscal, que el procesado asumió esta mañana ante el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, mediante auto de fecha 20 de enero de 2020, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, se decretó la entrada y registro en el domicilio del acusado, en Gijón, donde se encontraron 83 vídeos, los cuales contenían imágenes reales de menores de edad desnudos o realizando acto de contenido sexual con personas adultas. El acusado tenía en su poder ese material no solo para su propio uso, sino también para compartirlos con otros usuarios.
