El trámite administrativo para alargar un año más las obras del pozo de tormentas de Hermanos Castro y aumentar los costes del proyecto en 2,5 millones de euros se hizo con “arreglo a la legalidad”. Esa fue la conclusión que extrajeron ayer los vocales de la comisión que investiga los sobrecostes de este proyecto, la primera que se celebra con comparecientes, que respondían a un perfil meramente administrativo, por lo que habrá que esperar a más sesiones para comprobar si hay que depurar responsabilidades políticas por los retrasos de una de las obras más importantes para la ciudad. Unas responsabilidades que para la portavoz socialista y presidenta de la comisión, Marina Pineda, recaen a tenor de lo manifestado ayer sobre el anterior gobierno de Foro. “El actual gobierno se vio obligado a modificar el proyecto porque era la única forma de desatascar una obra esencial para la ciudad”, aseguró Pineda.
La comisión de investigación se constituyó en julio de 2020 y además de la presidencia de Pineda está conformada por vocales de los partidos del Pleno. El objetivo es averiguar por qué el pozo de tormentas de Hermanos Castro, proyectado inicialmente en 2011, aún no está terminado y costará finalmente 11 millones de euros. Esto fue así porque en abril del año pasado hubo que modificar el tanque de aguas previsto inicialmente había peligro de deslizamientos en el entorno de la obra. Ayer comparecieron el director financiero de la EMA, José Abraham Menéndez Riera, su jefa económica y administrativa hasta 2013, Begoña Fernández Espasande (ahora directora económica-administrativa de EMTUSA), la interventora municipal, María Belén Grana Fernández y María Dora Alonso, la responsable legal del Ayuntamiento.
“De las manifestaciones de la interventora municipal y la secretaria del consejo de administración queda claro que, tanto la contratación de un primer proyecto imposible de ejecutar, como la del segundo, que requirió dos modificaciones, fueron responsabilidad de Foro”, apuntó Pineda. La socialista cargó contra el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, presente en la comisión de ayer. “Está más preocupado por justificar la incapacidad de su gobierno para llevar a cabo un proyecto, que tuvo paralizado ocho años que en averiguar qué sucedió”, añadió. Pineda afeó también que algunos partidos citaran a personas a las que luego no hicieron preguntas.
“Aunque ninguno de los cuatro comparecientes fue solicitado por Foro hicimos las preguntas necesarias para conocer el nivel de información que tenían de las modificaciones del contrato y de toda la tramitación de la construcción del pozo”, respondió, por su parte, Jesús Martínez Salvador. “Ninguno ha esgrimido argumentos como para pensar que pueda haber concurrido algún indicio de responsabilidad política”, añadió. Además, manifestó que “ninguno de los comparecientes afirmó que la EMA tuviera constancia de la necesidad de efectuar modificados del contrato antes de que el PSOE volviera al gobierno local”.
“Está claro que la parte administrativa se hizo correctamente, fue transparente, limpia y con los informes adecuados. No se pasaba del 50 por ciento del valor del proyecto que habría obligado a empezar de cero. Lo preocupante es saber por qué hubo que modificar el proyecto”, postuló el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Sarasola. “Ha sido una toma de contacto. Faltan por comparecer las personas con más responsabilidades en el tiempo en que ha transcurrido esta obra”, aclaró el concejal de Podemos, Juan Chaves. Por su parte, Ángeles Fernández Ahúja coincidió en que “a nivel administrativo todo parece haber discurrido conforme a la legalidad” y que “habrá que ver qué ha pasado a nivel técnico”. “Lo que queremos es el pozo entre en funcionamiento cuanto antes y que el gobierno y otros grupos dejen de culparse mutuamente de los retrasos”, finalizó Laura Hurlé, de Vox.
